Nueva Zelanda ha dado marcha atrás en su plan de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 al levantar la prohibición que impedía la exploración de petróleo y gas en su territorio marítimo.
El cambio de rumbo ha sido confirmado con la inclusión de una partida de 200 millones de dólares neozelandeses en los presupuestos estatales para impulsar nuevas prospecciones de gas natural en aguas profundas.
La medida representa una ruptura definitiva con las políticas adoptadas en 2018 por el anterior Ejecutivo liderado por Jacinda Ardern, quien en su día proclamó que “el mundo ya ha superado los combustibles fósiles” y presentó la prohibición como un símbolo de liderazgo climático internacional.
Ahora, el nuevo gobierno ha optado por una estrategia diferente en la que la seguridad energética se antepone a los compromisos ambientales. Y ello ha despertado la indignación de muchos neozelandeses que consideran que este paso atrás es una pésima idea y por ello han decidido llevar el caso ante los tribunales.
Nueva Zelanda: giro de 180º en la política de emisiones
Dos grupos de abogados ambientalistas han demandado al Gobierno de Nueva Zelanda al considerar que el plan estatal para la reducción de gases de efecto invernadero es ineficiente para cumplir con el Acuerdo de París, que obliga a las naciones a una rebaja del 45 % para el 2030.
Las organizaciones ‘Environment Law Initiative’ (ELI) y ‘Lawyers for Climate Action’ (LCA) presentaron ante el Tribunal Superior un recurso contra el plan gubernamental y específicamente en contra del ministro de Cambio Climático, Simon Watts, según confirmó este martes el equipo de ELI. El objetivo, explicó la organización, es que el Ejecutivo «implemente un plan eficaz y sólido», teniendo en cuenta que el país «tiene altas emisiones per cápita» y un marco legal que le obliga a cumplir «políticas claras» sobre esta materia.
En un comunicado, la directora ejecutiva de LCA, Jessica Palairet, aseguró que el plan de reducción de emisiones del Gobierno «incumple los requisitos básicos de la ley» y «no está a la altura» del esfuerzo global para limitar el calentamiento a no más de 1,5 grados centígrados este siglo. A su juicio, es necesario impugnar la propuesta gubernamental.
Por su parte, el director de investigación y asuntos legales de ELI, Matt Hall, denunció -en otro comunicado- que el Gobierno «canceló 35 políticas y acciones climáticas que formaban parte del primer plan», tras lo cual implementó un segundo programa «que prácticamente carece de acciones o políticas para reducir las emisiones en origen«. La idea del Gobierno, según las organizaciones ambientalistas, es simplemente compensar las emisiones con plantaciones forestales, una idea que -consideran- «no inspira confianza».
«Esta es la primera impugnación de un plan de reducción de emisiones bajo la Ley, y también es el primer caso en el mundo que cuestiona la gran dependencia de un Gobierno de la plantación de árboles para alcanzar los objetivos climáticos», reza el texto de ELI. Los demandantes esperan que las autoridades envíen una contestación oficial al tribunal y que este fije una fecha para la audiencia, en la que también esperan que el juez determine si la decisión del Gobierno de recurrir a la compensación con plantaciones es coherente con el marco legal vigente.
Esta demanda se da a conocer tres meses después de que un grupo conservacionista de Australia demandase a la ministra de Medio Ambiente de ese país, Tanya Plibersek, por presuntamente fallar en su tarea de proteger a especies amenazadas, un caso que fue desestimado en mayo y que los ecologistas buscan reanimar en la Corte Suprema. EFE / ECOticias.com
