“La liberación de un activista ambiental mexicano a mediados de agosto, que fuera injustamente encarcelado hace nueve meses, en lo que parece ser un castigo por su activismo pacífico contra la tala ilegal, debe considerarse un triunfo para la justicia y los derechos humanos de México y del mundo.”
Un activista convencido
La historia de Ildefonso es un trágico ejemplo de lo que significa ser un defensor de los derechos humanos y medioambientales en México hoy en día, donde el hablar en contra de la tala ilegal, las violaciones de los derechos o los problemas reales que enfrenta el país, puede hacer que se acabe en la cárcel.
Ildefonso Zamora Baldomero fue detenido en noviembre de 2015 en su hogar, perteneciente a la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, ubicada a unos 80 kilómetros al sur oeste de la capital del país, Ciudad de México.
Más conocido por el apodo de “Don Pocho”, este indígena de 55 años cree firmemente en el respeto y la protección de la Naturaleza y en agradecer a la Madre Tierra lo que ésta nos da, por lo que desde hace muchos años se lo considera el Defensor de los Bosques de México.
Una existencia muy dura
Su vida ha estado jalonada por la lucha por los bosques, el Medio Ambiente y el agua y la desgracia de enfrentarse a poderosos enemigos, los taladores, quienes serían responsables de la muerte de su hijo Aldo acaecida en 2007. Este incidente jamás ha sido esclarecido, por más que hubieron promesas de justicia desde las más altas esferas gubernamentales.
Su otro hijo Misael ha sido herido y le han querido secuestrar, pero, aunque estos hechos fueron denunciados ante la Comisión Nal. de los Derechos Humanos, aun no hay noticias respecto a los culpables.
A fines de 2015, Ildefonso Zamora fue acusado de participar en un robo con fuerza en julio de 2012. Los cargos criminales se basaron en pruebas falsas, ya que se demostró que el día de los hechos se encontraba en otro lugar y hay gran cantidad de testigos que dan fe de ello.
Finalmente, liberado
Tras una intensa campaña a favor de su excarcelación, un juez federal decidió que no había ninguna base para creer que él era el responsable de ningún crimen e incluso puso en duda que existiera tal delito.
Lo que aparentemente es un “delito” para ciertas autoridades mexicanas es la campaña contra la tala ilegal que estaba llevando a cabo el activista, apoyado por sus compueblanos, familia, amigos y varias ONG´s y que aseguró continuará ahora con más ímpetu si cabe.
En lugar de procesar a los ambientalistas por sus actividades pacíficas, las autoridades mexicanas deberían asegurarse de ser capaces de llevar a cabo su trabajo legítimo y proteger los bosques, sin temor a represalias de los llamados “talamontes”.