Cuatro ecologistas hondureños denuncian amenazas de muerte

Entre los cuatro activistas amenazados está Ana Miriam Romero, ganadora del Front Line Defenders Award este año por su lucha contra la construcción de una presa hidroeléctrica cerca de su pueblo natal, situado en la región de La Paz.

Cuatro activistas hondureños que luchan por la protección medioambiental de sus tierras en el sureste de Honduras han recibido numerosas amenazas de muerte y asaltos en su propio hogar, según ha denunciado la ONG Front Line Defenders, que se dedica a luchar por la protección de activistas en zonas de conflicto.

Entre los cuatro activistas amenazados está Ana Miriam Romero, ganadora del Front Line Defenders Award este año por su lucha contra la construcción de una presa hidroeléctrica cerca de su pueblo natal, situado en la región de La Paz.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la situación de peligro en la que se encuentran los activistas en el país centroamericano ante el propio presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Erin Kilbride, portavoz de Front Line Defenders, ha asegurado que Romero y su familia han sufrido numerosas amenazas por oponerse a la construcción de la presa, que supondría una catástrofe medioambiental en la zona.

«Ella es una de los muchos activistas que luchan por los Derechos Humanos en La Paz que se han negado a callar contra la destrucción de su tierra ancestral a pesar de la violencia, los ataques y las amenazas contra su vida y la vida de sus hijos», ha dicho Kilbride. «Las autoridades tienen que actuar de inmediato al respecto», ha añadido.

Honduras es el país con el mayor índice de asesinatos de activistas medioambientales del mundo, según datos de la ONG Global Witness. Desde el asesinato en marzo de la ecologista Berta Cacéres, muchas ONG han puesto de relieve la situación de peligro a la que se tienen que enfrentar los activistas en el país.

Romero y sus compañeros han denunciado en numerosas ocasiones que se producen actos de violencia contra miembros de los consejos indígenas locales, con el objetivo de presionar para la asignación de contratos. Según los activistas, estos ataques se producen tanto por parte de civiles armados como por miembros de las fuerzas de seguridad.

Romero ha declarado que tanto ella como su familia han sido víctimas de redadas de hombres armados en su casa, asaltos físicos y amenazas de muerte. El pasado mes de enero, su vivienda familiar fue incendiada y sus hijos han tenido que dejar la escuela debido al acoso al que son sometidos.

«Vivo cada día con miedo a que llegue alguien a mi casa, donde duermen mis hijos», explicó Romero el pasado mes de julio en una entrevista con Thomson Reuters Foundation.

Cáceres, de 43 años, fue asesinada de un tiro en su domicilio en la localidad de La Esperanza,a 180 kilómetros de Tegucigalpa. Cáceres era una de las principales activistas que se oponían a la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque debido a que implicaba el desplazamiento de cientos de indígenas de la región.

Hasta la fecha, seis personas han sido detenidas y acusadas de su asesinato, entre las que se incluye un empleado de la compañía hidroeléctrica que quería construir la presa y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas.

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