“México tiene agua, pero también tiene gas de esquisto y aparentemente al gobierno le está preocupando más que las empresas de fracking accedan a ella, antes que dar de beber a los ciudadanos, así que el conflicto podría estar servido.”
Una reforma que no convence
El gobierno de México mediante una serie de medidas a las que han denominado “Reforma Energética” parece querer priorizar el desarrollo energético favoreciendo el fraking y olvidándose de las necesidades básicas de la población.
Ello se deduce de ciertas leyes en las que, por ejemplo, se les está imponiendo a los propietarios de tierras que posean características adecuadas para la explotación del gas esquisto, la obligación de cooperar con las empresas que intentan desarrollar este recurso.
La reforma energética mexicana tiene como objetivo facilitar el acceso (entre otros recursos) a vastas cantidades de gas de esquisto técnicamente recuperables; hay billones de metros cúbicos de este valioso recurso que subyacen bajo las tierras mexicanas.
El problema que se plantea es que la mayor parte de dichos depósitos se encuentran en la zona norte del país, donde también se localiza un enorme porcentaje de personas que viven de la agricultura y de la industria.
En vista de ello los problemas que se avecinan tendrán que ver con las prioridades de la reforma energética y el choque de las mismas con los derechos humanos en cuanto al acceso al agua, un tema que de por sí en México es siempre conflictivo, pero que puede convertirse en una fuente de enfrentamientos y tensión social.
No más problemas
Dado que las recientes reformas constitucionales han comenzado a abrir el sector energético de México al mundo se tiene muy claro que acceder al gas de esquisto técnicamente recuperable es una empresa hídricamente muy costosa, que requerirá el uso de grandes volúmenes de agua en una región del país, el noroeste, donde ésta ya de por sí resulta escasa.
Y si bien se busca promulgar una nueva Ley General sobre el Agua, ésta debería apuntar a una transición del modelo actual de administración del agua basado principalmente en la ingeniería como herramienta para proveer agua, a un modelo con políticas sostenibles, que busque asegurar la renovabilidad y disponibilidad del agua a largo plazo.
Es fundamental que a medida que el gobierno mexicano supervisa la reforma energética, considere cuál es la mejor manera de priorizar el uso del agua de acuerdo con la ley y asignar los suministros cuidadosamente, mejorando los procesos de participación pública y facilitando soluciones, en vez de crear conflictos.
