En noviembre del año pasado, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) levantó un polvorín cuando su Junta Directiva aprobó el acuerdo AJDIP-474-2017. Este creó una nueva figura: la Licencia de Pesca Comercial para el Aprovechamiento Sostenible del Recurso Camarón en el Océano Pacifico y en el Mar Caribe.
Aunque no presentó un estudio técnico formal previamente ni realizó una reforma legal, el Gobierno defiende con vehemencia las nuevas licencias para permitir la pesca de arrastre de camarón, que pretende dejar instauradas antes de que se acabe su periodo en 4 meses.
En noviembre del año pasado, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) levantó un polvorín cuando su Junta Directiva aprobó el acuerdo AJDIP-474-2017. Este creó una nueva figura: la Licencia de Pesca Comercial para el Aprovechamiento Sostenible del Recurso Camarón en el Océano Pacifico y en el Mar Caribe.
El acto está frenado, luego de que el abogado ambientalista Álvaro Sagot interpusiera un recurso de amparo ante la la Sala Constitucional. En diciembre el Incopesca respondió al cuestionamiento y concentró su defensa en:
- el uso de dispositivos para reducir la captura incidental (pesca de otros animales además de camarón);
- su supuesta potestad legal de crear nuevas licencias de pesca
- y el hecho de que es un “nuevo” tipo de pesca de arrastre, porque implementa cambios regulatorios.
La entidad alegó ante los magistrados que no pretende reinstaurar las licencias de arrastre, que en el 2013 fueron declaradas inconstitucionales. “No es cierto que el Incopesca cambia el nombre a las licencias, ya que no se puede cambiar lo que no existía con anterioridad“, aseguró en su respuesta.
En su fallo del 2013, la Sala Constitucional prohibió renovar o emitir nuevas licencias. En el voto 10540-2013, los magistrados concluyeron que la pesca de arrastre viola 6 artículos de la Constitución, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la seguridad alimentaria del país; y el principio de desarrollo sostenible democrático.
¿Nuevo y sostenible?
Además de reiterar que el permiso creado en el acuerdo es “muy diferente a las licencias de pesca de camarón que existían con anterioridad”, Incopesca aseguró que se cumple el fallo del 2013. Pero se concentra únicamente en las observaciones realizadas sobre la necesidad de disminuir la pesca incidental.
Varios estudios ya determinaron que la mayoría de la captura de la pesca de arrastre no es camarón, sino otras especies,entre el 70% y el 97%). Se estima que entre 1950 y el 2014, 500 mil toneladas métricas de esos otros animales han sido devueltas al mar, del el 90% son peces pequeños capturados por la pesca artesanal.
En su respuesta a la Sala, el Gobierno menciona un “estudio científico que sirve de insumo para dicho acto administrativo”. Sin embargo un estudio formal no ha sido conocido ni discutido por la comunidad científica del país.
Tras la polémica, el Incopesca hizo referencia a las investigaciones hechas dentro del proyecto de Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC por sus siglas en inglés), que el país realiza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Estos se dedicaron a cuantificar cuánto se logró disminuir de captura incidental en la pesca de arrastre. El acuerdo obliga al uso de dispositivos excluidores de peces (DEP) y de tortugas.
“Con el Proyecto REBYC I que fue ejecutado por Incopesca, se encontró que el DEP tipo ojo de pescado simple puede excluir un 26,7% de FACA“, dijo el Instituto en un comunicado de prensa de noviembre. Hoy ese proyecto continúa, pero aún no se ha publicado un estudio.
“Mona se queda…”
El abogado Álvaro Sagot aseguró que aunque el Gobierno defiende “una supuesta nueva forma de pescar camarón por arrastre”. “Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda“, dijo quien interpuso el recurso de amparo contra el acuerdo de Incopesca.
En su respuesta a la Sala Constitucional, el Incopesca atacó a Sagot, de quien dijo que “al mejor estilo del Príncipe de Maquiavelo, el recurrente trata de generar confusión y división en los criterios del colectivo (…) con posiciones alejadas de la realidad que vive el sector pesquero y que son más de corte ideológico”.
Sagot dijo que buscan desviar la atención de los argumentos técnicos sobre el impacto ambiental de la pesca de arrastre.
“El hecho de señalar que mi actuar es maquiavélico y con fines y objetivos ideológicos, como señalan en el texto, es tratar de deslegitimar la defensa de la biodiversidad marina como si esto fuera una lucha entre izquierdas y derechas. Esas trasnochadas discusiones quedaron para el siglo pasado. La biodiversidad es de gente que incluso no ha nacido”, respondió a CRHoy.com.
En el fallo del 2013, también se valoraron los “daños severos en el fondo marino” que genera la pesca de arrastre. Erick Ross, gerente de Ciencias de Fundación MarViva, explicó que un estudio debe tener un diseño y una planificación adecuadas, realizados previamente.
El estudio debería analizar el modelo estadístico; el número de enlaces; la cantidad de embarcaciones y muestras; el monitoreo del recurso capturado; cuánto tiempo deberían estar las artes bajo el agua; y una red control y otra de prueba para contrastar el uso y el no uso de los dispositivos excluidores. El biólogo agregó que como mínimo el estudio debería tardar un año, por las condiciones variantes en el país y los océanos.
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica también se opone a la técnica, al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo manejó y al reciente acuerdo de Incopesca. El ente especializado descartó que los mapas de zonificación propuestos por Incopesca, sean suficiente para que el arrastre sea sostenible.
Dichos mapas marcan zonas donde la flota semi-industrial de arrastre no puede pescar; zonas de investigación; y zonas de conservación. Pero no existe aún un estudio de Incopesca sobre el recurso de camarón disponible. Se intentó conversar con el presidente de Incopesca Gustavo Meneses, pero no pudo conversar este jueves.
Ross señaló que lo presentado hasta el momento por el Gobierno está “muy lejos” de cumplir los requisitos de la Sala. Sobre el daño al fondo marino, el experto comentó que la zonificación no lo evita. “Alejar a las embarcaciones de la costa mágicamente no significa que ya no vamos a alterar otros ecosistemas”, dijo.
El Incopesca no ha presentado un estudio sobre cómo los cambios propuestas, hacen más “sostenible” el impacto del arrastre al lecho marino, así como a especies que están en zonas profundas y que son capturadas por los pescadores artesanales. Por eso MarViva señaló que se deben realizar estudios detallados en el fondo marino, antes de asegurar que es sostenible.
