Desde 1965 rige en Brasil el Código Forestal, un marco normativo para limitar el uso del suelo por parte de agricultores y propietarios rurales. La reforma a este sistema fue aprobada hace pocos días en una comisión especial de Diputados, lo que enfrenta a empresarios de la agroindustria y a ambientalistas, considerándola éstos últimos como una iniciativa que contribuye al retroceso en la lucha contra la deforestación.
Uno de los puntos más controversiales de la medida es la amnistía que pretende para las talas ilegales realizadas hasta el 2008, las que repercutieron en 40 millones de hectáreas y generaron más de 14 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Además, el proyecto propone que cada estado de Brasil reduzca hasta en un 50 por ciento los límites definidos sobre áreas de preservación permanente (APP) que existen sobre ciertos bosques.
Otra modificación que los ambientalistas consideran como grave es el hecho de las pequeñas propiedades serán eximidas de colaborar para preservar los grandes espacios.
Debido a que los puntos que contiene la nueva ley representan un gran retroceso en el cuidado del pulmón verde del planeta, diferentes organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación al gobierno brasileño afirmando que si iniciativa prospera se retirará la protección a por lo menos 35 millones de bosques y se permitirá liberar casi 13 mil millones de toneladas de CO2 almacenados en la selva amazónica.
Mientras que los detractores sostienen que de seguir con este proyecto se contribuirá a dañar al medio ambiente y así se dará lugar a mayores desastres naturales –como las intensas lluvias y consecuentes inundaciones que afectaron hace pocos días a los estados de Alagoas y Pernambuco-, quienes defienden la medida alegan que es importante su concreción para poder trabajar en la producción de alimentos.
De acuerdo a Bionero, el diputado autor de la reforma, Aldo Rebelo, sostiene que se trata de “una adaptación de la ley a las posibilidades de que sea cumplida, para que podamos regularizar el campo”. En el mismo sentido se manifestó la senadora Katia Abreu, “si cumpliéramos las exigencias del actual Código, estaríamos importando arroz de China, que no tiene un palmo de áreas protegidas (…) Los agricultores de Brasil, un gigante exportador de alimentos, necesitan mucha más tierras”.
En una zona donde se produce el 20 por ciento de las emisiones globales de CO2, es fundamental trabajar en reglamentaciones tendientes a proteger el área, como así también realizar efectivas sanciones a quienes no cumplan con las medidas.
Dados sus recursos, la Amazonía es un lugar donde la industria maderera, la agropecuaria y la minería ilegal han devastado miles de kilómetros. No obstante, con el aumento de las regulaciones, en los últimos años las cifras de deforestación se redujeron en un amplio porcentaje. Es fundamental seguir por ese camino y no entrar en retroceso con medidas que protejan a empresarios y dejen sin resguardo a una de las zonas con mayor vegetación del planeta.
PNUMA