En la Amazonía colombiana, una trocha ilegal se ha convertido en algo mucho más grave que un camino abierto entre árboles. Desde el 26 de mayo, zonas rurales de San José del Guaviare volvieron a quedar atrapadas en una guerra entre disidencias armadas, con 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos, según confirmó la Defensoría del Pueblo de Colombia.
La cifra golpea, pero el drama no termina ahí. Comunidades indígenas Jiw y Nukak viven entre el miedo, el confinamiento y el desplazamiento, mientras los grupos armados pelean por corredores que sirven para mover cocaína, armas y suministros en plena selva. Diez familias Jiw ya llegaron desplazadas al casco urbano de San José del Guaviare tras cruzar el río Guaviare desde Mapiripán, en el Meta.
Una guerra por el territorio
Los combates enfrentan a estructuras disidentes de las antiguas FARC bajo los alias de “Iván Mordisco” y “Calarcá Córdoba”. La Defensoría situó los choques en sectores como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en zona rural de San José del Guaviare.
El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, explicó que estas estructuras “se enfrentaron entre sí” por disputas relacionadas con narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas. No es una pelea aislada. Es una pugna por mandar sobre una zona que conecta ríos, trochas y selva difícil de controlar.
En la práctica, quien domina ese punto gana capacidad para moverse por el norte de Guaviare, el sur del Meta y el río Guaviare, una ruta que avanza hacia Guainía y se acerca a la frontera con Venezuela. Y eso cambia la vida de todos alrededor.
La trocha que parte la selva
El centro de esta disputa es la vía Tomachipán-Cumare, una trocha ilegal de 47,5 kilómetros que atraviesa el Resguardo Nukak de sur a norte y llega hasta el Resguardo Barranco Colorado. Según la investigación de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, este corredor se usa para mover cocaína, armas y material explosivo en medio de la Amazonía.
Los datos satelitales citados por esa investigación muestran otra parte del problema. Desde 2019 se han detectado al menos 30 hectáreas de coca a cinco kilómetros de la trocha y 430 hectáreas a 15 kilómetros. Cerca del camino, la superficie cultivada aumentó un 58 % entre 2019 y 2025.
Esto no solo habla de violencia. También habla de selva abierta, pasos clandestinos, laboratorios, presión ganadera y más gente entrando en zonas que antes estaban más protegidas por la distancia. La Amazonía pierde silencio, árboles y seguridad al mismo tiempo.
Los Jiw y Nukak huyen
Para los pueblos indígenas, la guerra no es una noticia lejana. Se escucha en los disparos, en la falta de comunicación y en ese miedo sencillo de no poder salir de casa. “La gente está en alerta máxima, nadie se mueve”, contó un campesino de Charras a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.
El 27 de mayo, unas 10 familias Jiw llegaron al polideportivo de San José del Guaviare en situación de desplazamiento forzoso. Venían de Mapiripán, tras cruzar el río Guaviare, y buscaban un lugar seguro mientras la guerra seguía del otro lado.
La comunidad Jiw del Resguardo Barranco Colorado, en cambio, seguía sin poder salir con claridad. Un líder indígena explicó que no podían comunicarse con sus autoridades en el territorio y que no sabían quién estaba bloqueando la señal. Cuando una comunidad no puede moverse, cazar, cultivar o pedir ayuda, el peligro se vuelve diario.
Un riesgo anunciado
Lo más inquietante es que este escenario no apareció de la nada. La Defensoría del Pueblo ya había advertido en la Alerta Temprana 001 de 2025 que la ruptura entre las disidencias de “Mordisco” y “Calarcá Córdoba” estaba abriendo una nueva fase de confrontación en el sur del país.
La entidad señaló que la disputa por corredores estratégicos, economías ilegales y control territorial estaba afectando a comunidades indígenas, campesinas y rurales. Habló de amenazas, restricciones a la movilidad, controles sobre comunicaciones y reclutamiento forzado. Dicho de forma simple, la población civil queda atrapada entre bandos que pelean por mandar.
Además, la Corte Constitucional de Colombia ya había identificado en 2009 a varios pueblos indígenas en riesgo de desaparición física y cultural por el conflicto armado. Entre ellos están los Nukak y los Jiw, dos pueblos para los que perder el territorio no significa solo cambiar de casa. Significa perder memoria, lengua, alimento y futuro.
La Amazonía también paga
Esta guerra tiene una lectura ambiental que no debería pasar desapercibida. La llamada Trocha Ganadera, conectada con el sector de Barranco Colorado, atraviesa zonas de selva y llega a tocar el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, según la investigación periodística.
Cuando se abre una vía ilegal, no llega solo una moto o una camioneta. Llegan cercas, ganado, tala, cultivos ilícitos y nuevas formas de control. Poco a poco, el bosque se fragmenta y las comunidades que mejor conocen el territorio son expulsadas o silenciadas.
En el fondo, la Amazonía queda atrapada en una doble pérdida. Pierde biodiversidad por la presión humana y pierde a quienes durante generaciones han mantenido una relación directa con el bosque. No es poca cosa.
Qué puede pasar ahora
La Defensoría pidió a los grupos armados excluir a la población civil de las hostilidades y reclamó medidas urgentes al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales. También insistió en la necesidad de reforzar la atención humanitaria, la protección y la prevención en Guaviare, Caquetá y Amazonas.
Días después, la misma entidad pidió a los grupos armados detener el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Según la Defensoría, entre las 48 personas muertas había 11 menores de edad reclutados, la mayoría en el departamento del Cauca. Esa frase pesa mucho.
Ahora, lo urgente es garantizar corredores humanitarios, atención a las familias desplazadas y comunicación con las comunidades que siguen en el territorio. Porque mientras la guerra decide quién controla una trocha, los Jiw, los Nukak y la Amazonía pagan el precio real.
El comunicado oficial más reciente sobre el reclutamiento y los hechos de violencia en Guaviare ha sido publicado por la Defensoría del Pueblo de Colombia.
