Seguirán explotando el petroleo en el Parque Nacional Yasuní

Seguirán explotando el petroleo en el Parque Nacional Yasuní. Las organizaciones de la sociedad civil calificaron el resultado de la votación del domingo como una victoria histórica. Pero el posterior anuncio del gobierno ecuatoriano de que rechazaba el resultado arroja dudas sobre su implementación. 

El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, declaró a medios locales el miércoles (23 de agosto) que el gobierno continuará con las actividades de extracción de petróleo como de costumbre. Argumentando que, según la constitución, solo las personas que viven en las cercanías pueden decidir si un proyecto de explotación puede realizarse, iniciarse o detenerse. 

Los resultados actuales, respaldados por la Corte Constitucional, obligan al gobierno ecuatoriano a prohibir nuevos contratos de explotación petrolera en la zona de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocida como bloque 43, de la que se extraen 55 mil barriles de petróleo por día, y cuya explotación comenzó en 2016. 

726 millones de barriles de petróleo

Esto implicaría mantener bajo tierra alrededor de 726 millones de barriles de petróleo en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y hogar del pueblo Waorani, y de las comunidades Tagaeri y Taromenane, las últimas que permanecen en aislamiento voluntario en el país. 

El gobierno, además, tendría que realizar un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera en la zona en un máximo de 18 meses, lo que implica retirar la maquinaria y cerrar los pozos en operación. 

Según datos del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, aproximadamente 10,4 millones de personas –más de la mitad de la población– participaron en este ejercicio de democracia directa, de los cuales el 59 por ciento votó a favor de mantener el crudo bajo tierra, mientras que el 41,03 por ciento votó en contra.  

Ciudadanía

Esta es la primera vez que la ciudadanía de un país productor de petróleo ha tenido la potestad de decidir sobre los límites de la extracción del recurso, lo que sienta un precedente jurídico muy importante. 

No obstante, en Orellana, provincia donde se ubica la zona ITT, el 42 por ciento votó a favor de detener la extracción petrolera, frente al 58 por ciento en contra. Éstas son las cifras que el gobierno ha tomado como base para rechazar el resultado general del referéndum. 

Activistas de Yasunidos, organización que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios, y que luchó durante diez años por la realización del referéndum, publicaron a última hora del martes un comunicado en sus redes sociales calificando de “desafortunado” el anuncio de Santos e instando a cumplir los resultados de la consulta. 

Corte Constitucional

“En caso de que existan indicios de que el gobierno o sus funcionarios quieran incumplir lo que elegimos las y los ecuatorianos solicitaremos inmediatamente a la Corte Constitucional que haga cumplir su dictamen y que destituya a los funcionarios que pretendan poner en riesgo el orden constitucional”, advirtió Yasunidos. 

El portavoz de Yasunidos, Pedro Bermeo, dijo que ésta era una posición esperada del gobierno. 

“Nos han bloqueado esta consulta por 10 años, no les ha importado vulnerar los derechos de la naturaleza y de los pueblos aislados, ¿por qué no lo harían ahora que ya ganó el sí?”, afirmó Bermeo. 

Sociedad civil

El referéndum es el resultado de una década de lucha de la sociedad civil y grupos indígenas, quienes, en 2013, reunieron cerca de 750.000 firmas para realizar el referéndum, como respuesta a la decisión del expresidente Rafael Correa de iniciar la explotación petrolera en el Bloque 43. 

Este esfuerzo fue bloqueado por los sucesivos gobiernos durante años, hasta que finalmente, en mayo de 2023, la Corte Constitucional emitió el dictamen a favor de realizar a consulta. 

“La experiencia en Ecuador nos demuestra que no sólo tenemos que ganar los resultados en las urnas, sino que luego debemos defenderlos”, subrayó Bermeo. 

Redes sociales

Para Carlos Larrea, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, el triunfo fue resultado de la fuerza y creatividad de Yasunidos en redes sociales. Sin embargo, aseguró que esperaba este tipo de reacción por parte de los políticos. 

El gobierno encontrará “algún artificio jurídico para violar la ley, por eso es importante mantener una movilización y una presión política muy grande”, señaló.  

Contexto violento

La controversia se produce en medio de una de las peores crisis políticas y de violencia en la historia del país. En los días previos a las elecciones y consulta popular del pasado domingo, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros, así como un alcalde, un aspirante a congresista y un líder local del movimiento de Correa. 

Tras los resultados, uno de los temas emergentes es la remediación ambiental.  

“Tendría que haber un proceso de reforestación de árboles nativos de la zona. Evidentemente la biodiversidad que había en esas hectáreas ya se perdió, sin embargo, con un proceso de remediación se puede evitar, por ejemplo, la colonización o la cacería ilegal”, dijo Bermeo. 

Parte del desafío de llevar a cabo esta remediación es la ausencia de datos sobre el impacto ecológico que ha tenido la industria petrolera en la reserva del Yasuní. Seguirán explotando el petroleo en el Parque Nacional Yasuní.