La Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA) manifestó hoy la preocupación existente por el periodo de incertidumbre que atraviesa el desarrollo de parques eólicos en Asturias, «incertidumbre que pone en peligro las inversiones derivadas del mismo».
La AEPA, mediante una nota de prensa, señaló que desde el año 1999 en que se publicó el primer Decreto que regulaba la tramitación eólica regional hasta la fecha, el Principado de Asturias ha autorizado 843 megawatios, de los cuales solamente 350 megawatios están construidos.
Esta cifra, que supone el 41 por ciento de la potencia autorizada, contrasta con el 83 por ciento de cumplimiento del Plan Eólico Nacional, el doble del nivel alcanzado en Asturias. A raíz del nuevo Decreto 43/2008 y considerando los proyectos que se encuentran en fase de solicitud de autorización, AEPA prevé que podrían alcanzarse 1.500 megawatios de potencia instalada en los próximos cinco años.
En los últimos días el Parlamento ha ratificado el Real Decreto de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, publicado en el BOE el pasado 7 de mayo, mediante el cual el Estado pretende entre otras medidas establecer mecanismos respecto al sistema retributivo de los parques eólicos.
Dentro de este marco se crea el Registro de preasignación de retribución, en el que han de inscribirse las instalaciones que cumplen los requisitos exigidos para beneficiarse del actual marco retributivo, más favorable que la futura legislación anunciada.
Una de las condiciones indispensables es que las centrales dispongan de la preceptiva licencia de obras, por lo que los retrasos acumulados en la tramitación urbanística de la mayoría de los parques eólicos, tanto en la administración regional como en los ayuntamientos, ponen en peligro las inversiones previstas.
VIAVILIDAD AMENAZADA
La creación del Registro agudiza la problemática existente en las tramitaciones de los parques asturianos, debido a retrasos que van más allá de plazos razonables. En el momento en el que el Registro de preasignación alcance el objetivo de los 20.155 megawatios señalados en el Plan nacional de Energías Renovables 2005-2010, a las instalaciones eólicas pendientes «les será de aplicación una nueva legislación retributiva más desfavorable que disminuirá larentabilidad de los proyectos, amenazando gravemente su viabilidad».
Este aspecto pone en peligro el desarrollo eólico asturiano, concebido inicialmente de forma unitaria con el fin de minimizar su impacto ambiental en nuestra región. Gran parte de losAEPA Asociación Eólica del Principado de Asturias parques asturianos previstos corren el riesgo de hallarse en este punto «si la administración autonómica y los ayuntamientos implicados no toman conciencia de la gravedad de la situación y consideran a la energía eólica como un objetivo estratégico y una medida anticrisis dentro de los planes europeos, estatales y regionales», señalan en el comunicado.
Respecto a la repercusión estimada del desarrollo eólico en Asturias, AEPA considera que los 1.500 megawatios posibles alcanzarían los 2.110 millones de euros de inversión, la mitad de la cual recaería directamente sobre el Principado.
SECTORES BENEFICIADOS
Entre los sectores beneficiados por estas inversiones se pueden citar tanto las empresas de obra civil, como las eléctricas, componentes de equipos, empresas de transportes y grúas, y ocupación del sector hostelero. Cabe destacar que las instalaciones eólicas crearían en torno a 350 puestos de trabajo directos diarios durante la fase de construcción y más de 150 puestos fijos en las tareas de operación y mantenimiento posteriores, además de los puestos de trabajo indirectos correspondientes.
A los beneficios mencionados hay que añadir la importante fuente de financiación económica que supone para los municipios denominados eólicos, gracias a tasas de ocupación, impuestos, licencias de obra, convenios urbanísticos e inversiones en el sector servicios.Y a la mejora de las infraestructuras de las zonas afectadas.
Los 1.500 megawatios acarrearía una retribución a los ayuntamientos de aproximadamente 7,5 millones en concepto de licencias de obra y unas rentas anuales en torno a 15,5 millones derivados de ocupación de terrenos, convenios e impuestos. A estas cantidades se sumarían alrededor de 3,4 millones de euros al año de rentas a propietarios particulares de terrenos donde se situarían los aerogeneradores.
«Las rentas de la energía eólica suponen una buena oportunidad de diversificación económica y mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales, además de contribuir eficazmente a reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero a la atmósfera», sostiene la AEPA en la nota de prensa..
En términos generales, cabe considerar que el aprovechamiento del recurso eólico contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, a la diversificación del balance energético y al progreso de la industria por la evolución tecnológica de los equipos utilizados. Sirva como ejemplo el señalar que 1.500 megawatios evitarían la emisión de 1,96 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la importación de combustibles fósiles por valor de 118 millones de euros.
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