A finales del año 2010, el Gobierno socialista decidió destrozar la seguridad jurídica de España, implantando normas con evidente carácter retroactivo
La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), requiere nuevamente al Gobierno de España que sea consecuente con sus propios actos. El anterior Gobierno socialista, dando continuidad a normas establecidas desde el año 2004, promovió la inversión de 55.000 instalaciones fotovoltaicas, que supusieron convertirnos en una potencia mundial en esta tecnología.
A finales del año 2010, el Gobierno socialista decidió destrozar la seguridad jurídica de España, implantando normas con evidente carácter retroactivo, que han llevado al fallido a miles de familias que, amparadas por el principio constitucional de confianza legítima, invirtieron sus ahorros en proyectos auspiciados por el Estado y la Comunidad Europea. En esos momentos, la oposición en pleno, incluyendo el Partido Popular, reclamó la exigencia de seguridad jurídica a las normas que establecía el Estado, y a la vista de los últimos acontecimientos, los productores, nos vemos obligados a recordarle al actual Gobierno, la necesidad de que sea consecuente con aquellas afirmaciones.
El Gobierno Argentino está intentando, de forma desgraciada, aplicar medidas expropiatorias y retroactivas contra REPSOL-YPF, que producirán efectos hacia delante en el tiempo, pues no le exigen la devolución a REPSOL-YPF de los ingresos generados hasta la fecha. Este argumento es precisamente el que entiende nuestro Gobierno para calificar la retroactividad fotovoltaica como “impropia”. Si entendemos que la conducta de la Presidenta Fernández de Kirchner es notablemente antijurídica, habremos de entender que igual carácter tienen las medidas tomadas contra el sector fotovoltaico.
Desde ANPIER abogamos por que el Gobierno español retome nuestras legítimas pretensiones, toda vez que cientos de pequeños productores están perdiendo todos sus bienes de forma claramente injustificada, pues no es concebible la existencia de RIESGO REGULATORIO en un país que entendemos debiera de ser serio en los compromisos con sus nacionales.
El sector está dispuesto a sentarse a negociar una salida que no arruine a aquéllos que sólo cometieron el error de confiar en su País, y recuerda que la situación de crisis económica que nos ahoga no puede permitir que recaiga el mayor porcentaje de esfuerzo en la parte más pequeña del sector de la producción energética. Saldremos de la crisis si conseguimos recobrar la confianza, no si nos convertimos en un ente del que nadie se pueda fiar.
