“Podemos e Izquierda Unida culparon a las prerrogativas que la Ley de Montes da para recalificar terrenos incendiados, de ser una de las probables causas de que los lindes del Parque de Doñana ardieran y pusieran en peligro una zona protegida y de alto valor ecológico y de la biodiversidad. Un proyecto de gas también despierta susceptibilidades.”
Doñana y la Ley de Montes
Las leyes que protegen a los Parques Nacionales son muy explícitas es imposible recalificar ningún terreno que se encuentre dentro de los límites establecidos para este tipo de zonas y con más razón, esto rige para Doñana que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Además, como bien indican desde Greenpeace y otras organizaciones ecologistas, la Ley de Montes especifica que para que se pueda recalificar un terreno tras un incendio deben transcurrir 30 años y debe existir en la Ley autonómica, una normativa bajo la cual puedan aducirse para ello “razones imperiosas de interés público”, situación que en Andalucía no se da.
Por otra parte, el anuncio de Podemos de la inminente presentación ante el congreso de diputados y senadores de una modificación de la citada Ley, sería una forma de asegurar de manera “taxativa”, que no haya más excepciones para recalificar terrenos, que hayan sido pasto de las llamas.
El Proyecto de Fenosa
El Gobierno central ha aprobado un proyecto por el cual se le permitiría a Gas Fenosa colocar un almacén de gas Natural dentro del perímetro del Parque, que la junta de Andalucía paralizó de inmediato y en el que el reciente desastre forestal causado por el fuego, no influiría.
Si bien en el proyecto original que se aprobó y bloqueó en 2013, por el gobierno y la junta respectivamente, en 2015 se rectificó, dando lugar a que el almacén se colocase fuera de los límites del espacio protegido del parque de Doñana, por lo que el hecho de que se haya producido un incendio no cambiaría en nada el estatus del proyecto.
NO todos son bulos
Si bien es cierto que no se pueden obviar las estrictas leyes que protegen Doñana, tampoco resulta responsable negar que, SI ha habido terrenos que se incendiaron con el firme propósito de que, amparados por la Ley de Montes, dichas áreas fuesen declaradas “de utilidad pública” y acabasen en manos de especuladores inmobiliarios.
A nadie le caben dudas de que es necesaria una revisión urgente de la Ley de Montes, de tal modo que ésta, además de pregonar resiliencia, sostenibilidad y buena gestión de los montes, los “blinde legalmente” y logre que los bosques, montes y espacios forestales estén realmente protegidos en todas circunstancias posibles y probables.
