“Se han calcinado entre 8400 y 8500 hectáreas, se perdieron casas, invernaderos, tiendas de campaña, instalaciones, autocaravanas, huertos y muchos empleos. Si bien no se ha dado una cifra oficial del costo de estos daños, como siempre pagará el Estado, o sea el bolsillo de todos los españoles.”
Cuantiosos daños medioambientales
Según los cálculos realizados por Infoca (Plan de Emergencias para los incendios forestales de Andalucía) ardieron más de 8.400 hectáreas, que afectaron a tres localidades: Moguer, Lucena del Puerto y Almonte.
No solo estuvo en peligro el Parque Nacional de Doñana, donde se quemaron más de 6000 hectáreas, sino que las llamas también afectaron a otro Paraje Natural, el de la Laguna de Palos y Las Madres, que sufrió la quema de 17 hectáreas.
Durante el día de hoy, un grupo de biólogos se adentrará en la zona afectada para evaluar la realidad de la situación. Ellos determinarán qué tipo de especies fueron las que ardieron, cómo afectó el fuego a la biodiversidad y qué se hará para recuperar la zona.
De todas formas y basándose en los antecedentes de fuegos similares, como el de Málaga en 2012 en el que resultaron quemadas 8200 hectáreas, no se podrá comenzar a realizar tareas de recuperación medioambiental, antes de un año.
Pérdidas materiales y de empleos
Se han quemado varias casas, las instalaciones de los campings, tiendas de campaña, enseres y hasta autocaravanas de los turistas presentes en el momento del incendio; el fuego ha afectado a hoteles y comercios y se han desalojado a más de 2000 personas, mientras se luchaba contra las llamas.
Más allá de los daños materiales, hay otros de índole indirecta, como es el daño psicológico de los afectados y la pérdida de empleos; entre éstos últimos, los hay tanto legales como ilegales, porque en la zona había instalaciones que no contaban con los permisos necesarios para funcionar.
Hay que pagar
Muchas de las instalaciones que se perdieron debían tener seguros de incendio contratados, como sería de esperar estando ubicados en zonas “de riesgo”, pero en realidad, la mayoría de los afectados recurrirá a las ayudas que otorgue el Estado y la Comunidad Autónoma.
La recuperación de las zonas forestales también la tendrán que pagar la Comunidad y el Estado español, que hará los aportes necesarios por medio de “partidas de emergencia”, para ayudarles a cubrir los costos del incendio.
De igual forma, la factura de los bomberos la deberán abonar las autoridades pertinentes y ello implica, desde la hora de vuelo de los aviones, hasta la de trabajo de cada participante (dependiendo de su grado dentro del cuerpo) y de los vehículos que hayan sido movilizados para la extinción.
WWF y muchas otras asociaciones ecologistas vienen denunciando desde hace muchos años, el peligro latente que rodeaba al Parque de Doñana y a su “corona forestal”. Si se hubiesen tomado las precauciones necesarias, el Estado (o sea los españoles que pagan impuestos) se habrían ahorrado mucho dinero y no habría que lamentar daños medioambientales ni personales.
