La urbanización ilegal de Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres (Extremadura), se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos y prolongados de litigio urbanístico-ambiental en España. Más de 18 años después de que se iniciara el proceso judicial, diversas instancias judiciales han confirmado su ilegalidad y ordenado su demolición.
El complejo fue aprobado en 2007 como Proyecto de Interés Regional (PIR) con el nombre Marina Isla de Valdecañas, contemplando la construcción de un resort de lujo. Sin embargo, el terreno está incluido en la Red Natura 2000, con protección ambiental europea, lo que lo hacía no urbanizable.
Marina Isla de Valdecañas es ilegal
El Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso de amparo que admitió a trámite en noviembre de 2022. Este recurso, promovido por la Junta de Extremadura y por dos ayuntamientos en los que se ubica el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, El Gordo y Berrocalejo, pretendía evitar la ejecución de la sentencia que dictó en febrero de ese mismo 2022 el Tribunal Supremo, y que obligaba a la demolición completa de la urbanización, declarada ilegal desde la primera sentencia de 2011.
Se trata de Marina Isla de Valdecañas, una urbanización de 134,5 hectáreas, ubicada sobre una isla en el embalse de Valdecañas. Hoy día, allí se ubican 185 casas unifamiliares, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico, un campo de golf y una playa artificial, además de muchas otras construcciones sin terminar.
El listado de sentencias a favor de ecologistas resulta abrumador, en opinión de las organizaciones ambientalistas. Como abrumadora es también para ellos la insumisión a estas sentencias que ha manifestado siempre la Junta de Extremadura, tanto con gobiernos del PSOE como del Partido Popular. Y sin olvidar todos los intentos de modificar a la carta diversas leyes para transmutar en legal un proyecto que nunca lo fue: modificando la Ley de Suelo, la delimitación de la Red Natura 2000 en Extremadura, etcétera.
El proyecto de resort lleva más de dieciocho años inmerso en procesos judiciales de la mano de los abogados de los ecologistas, con sentencias en contra antes de que se construyeran los primeros chalets. También se debe destacar el informe de la Estación Biológica de Doñana, un órgano dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se aconsejaba la demolición completa para conseguir la mejor protección posible del entorno.
Los ecologistas quieren destacar la indefensión jurídica a la que se enfrentan, así como las grandes dificultades para que se cumpla la normativa ambiental cuando se unen los intereses de los poderosos con una Junta de Extremadura empeñada en favorecerlos, incluso a costa de vulnerar su propia normativa. Si se hubiera atendido desde el principio a las razones defendidas y ganadas en los tribunales por la organización ecologista, nunca se habría construido esta urbanización y ahora no sería necesario el fuerte gasto que supondrá su demolición.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia fijó en unos 111 millones las posibles indemnizaciones a los propietarios de las viviendas. Pero estos propietarios no eran ajenos a la imposibilidad de urbanizar la isla de Valdecañas y, por tanto, sabían de la ilegalidad de sus viviendas, puesto que ya se les advirtió de su situación irregular por parte del notario en el momento del otorgamiento de la escritura de compraventa. Por tanto, no se debería atender a la reclamación de responsabilidad patrimonial de los propietarios ante la Junta de Extremadura.
Para los ecologistas, Marina Isla de Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad. Por ese motivo, se felicitan de esta sentencia del Tribunal Constitucional ya que habría sido un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados.
Asimismo, la organización ecologista exige a la Junta de Extremadura que pida disculpas por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto. También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas. Esperan a que se le notifique la sentencia para poder conocer con detalle los argumentos de la Sala.
Tras múltiples sentencias judiciales, tanto nacionales como constitucionales, la demolición total del complejo es ya una orden firme. Queda pendiente ahora su ejecución concreta, algo que implicará retos técnicos, económicos y políticos. EFE / ECOticias.com
