Con motivo del Día Mundial de los Océanos 2024 que se celebraeste sábado 8 de junio, la organización ecologista denuncia, a bordo de su buque Arctic Sunrise, la dualidad del Gobierno de España, que por un lado se define como un ejemplo en la protección de los océanos, pero por otro sigue sin ratificar el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas y mantiene bloqueados 96 planes de gestión en áreas ya protegidas del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo a través de su ministro de Pesca, Luis Planas.
“La flota industrial ejerce un gran poder y maneja a la Secretaría General de Pesca como si fuera una marioneta. No podemos permitir que la industria siga saqueando los océanos y poniendo trabas a la hora de protegerlos”, ha declarado Marta Martín-Borregón, responsable de Océanos de la organización ecologista.
La organización ecologista destaca que es necesario proteger el 30 % de las aguas nacionales para 2030 (al igual que las internacionales) y dar cumplimiento a la normativa internacional, en concreto al Convenio de Diversidad Biológica (CDB). En España se ha incrementado la superficie marina protegida en los últimos años de un 12 % a un 20,9 % en 2024 tras la declaración de los 7 últimos espacios protegidos en diciembre de 2023 y, en el caso del Mediterráneo, ya se ha logrado ese 30 %, pero solo sobre el papel.
“El Gobierno español se ha comprometido a alcanzar un 25 % de protección para 2025 y necesitamos que este hito intermedio también se cumpla. Pero no basta con seguir declarando espacios sin cesar para cumplir con un porcentaje: necesitamos que estos espacios cuenten con unos planes de gestión efectivos que aseguren la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, además de poder realizar un seguimiento de su efectividad. Es esencial involucrar al sector pesquero artesanal, la ciencia y las ONG a la hora de proponer esta superficie marina a proteger, para que sus opiniones puedan ser tenidas en cuenta, así como sus necesidades para preservar su modo de sustento”, añade Martín-Borregón.
Todo esto implica que ese 20,9 % de espacios protegidos en la actualidad no es real, ya que muchos de estos espacios no están gestionados, por lo que son “parques de papel» sometidos a numerosos impactos y amenazas.
Además, la organización ecologista subraya que es de vital importancia lograr que un 10 % de la superficie marina esté “altamente protegida”, es decir, libre de actividades extractivas y de cualquier tipo de impacto sobre la biodiversidad al igual que lo son las reservas marinas integrales, para permitir la recuperación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad que albergan.
Actualmente, dos barcos de la organización ecologista, el Arctic Sunrise y el Witness, se encuentran en aguas españolas realizando labores de documentación, encuentros con la comunidad científica, el sector de la pesca artesanal y el marisqueo y otras organizaciones en defensa de nuestros mares.
Nuevas amenazas para los océanos
Aunque se ha avanzado en materia de conservación de los océanos en los últimos años, estos siguen estando en peligro crítico y cuentan con numerosas amenazas, entre las que la organización ecologista destaca la sobrepesca y la acuicultura industrial. Otras son la contaminación –especialmente la generada por plásticos-, el cambio climático, la pérdida y destrucción de los hábitats. Los océanos se enfrentan, además, a una nueva amenaza que aún es posible detener, la minería submarina: las empresas y Gobiernos principalmente del norte global quieren poner en marcha una nueva industria para extraer nódulos de metales de las profundidades marinas, a más de 4.000 metros de profundidad, lo que generaría unos daños irreparables sobre ecosistemas clave para la vida en la tierra y que albergan especies aún por conocer. Para ello necesitan descender unas máquinas gigantes a esa profundidad y levantar todo el fondo marino, destrozando todo a su paso.
Preservar las artes de pesca artesanales
La organización ecologista trabaja activamente para generar un cambio en el modelo pesquero actual, preservando las artes de pesca artesanales y el marisqueo, debido a la sostenibilidad de sus artes y promoviendo una reducción en las emisiones de CO2. Se calcula que las emisiones causadas por la pesca de arrastre de fondo equivale a 370 millones de toneladas métricas de CO2 (más del doble de lo que emite la industria pesquera a nivel mundial por el consumo de combustibles fósiles). Asimismo es esencial que haya un reparto justo, es decir, una distribución de las capturas en beneficio de la pesca sostenible y las comunidades locales que viven de ella, incluyendo criterios sociales y ambientales en el reparto para dar cumplimiento al Artículo 17 de la Política Pesquera Común.
Por otro lado, un nuevo informe de la organización ecologista analiza cómo el Tratado Global de los Océanos puede ayudar a reparar la mala gestión en aguas internacionales por parte de las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera), ya que desde su origen en los años 70, la sobrepesca mundial ha aumentado casi ininterrumpidamente. En 2019, la sobrepesca se situó en un máximo histórico del 35,4 % de todas las poblaciones de peces evaluadas, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (UNFAO). Las capturas en todo el mundo aumentaron de 20 a 90 millones de toneladas desde 1950 a mediados de los 90, estabilizándose en estas últimas tres décadas.
Los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), en general, son un vivo ejemplo del actual sistema de gobernanza y mala gestión global de los océanos: el 95 % de la biodiversidad de los peces de alta mar no es evaluada y el 97 % de la pesca en alta mar la realizan buques con pabellón de países de mayores ingresos. Una media del 55 % de las poblaciones gestionadas por los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) se consideran colapsadas y sobreexplotadas, y el 75 % de las 48 poblaciones de peces de alta mar evaluadas están agotadas o sobreexplotadas.
El Tratado Mundial de los Océanos brinda la protección marina en alta mar y garantiza que las medidas de conservación adoptadas se apliquen a las actividades que ya se encuentran bajo la jurisdicción de los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP). Los Gobiernos deben actuar con urgencia en los próximos meses y garantizar que el Tratado entre en vigor antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en junio de 2025.
