Organizaciones ecologistas se unen a la Junta de Andalucía y demandan al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) medidas ante los incumplimientos en hotel de El Algarrobico en Almería. Este hotel ilegal de la playa de El Algarrobico es uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral.
En dos escritos presentado, ambas partes coinciden en señalar que el alcalde del municipio donde se encuentra este complejo hotelero no ha comenzado el procedimiento de revisión de oficio de la citada licencia pese a haber sido requerido expresamente por el tribunal mediante providencia dictada el pasado 6 de abril.
Es por eso que ambas entidades solicitan a la judicatura que medidas ante «el reiterado incumplimiento del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico«.
Organizaciones ecologistas y la Junta de Andalucía demandan medidas ante los incumplimientos en El Algarrobico
Asociaciones medioambientales y la Junta de Andalucía han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que adopte medidas ante el reiterado incumplimiento del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.
En sendos escritos presentados en el marco de la ejecución de la sentencia que impone esta revisión al consistorio, ambas partes coinciden en que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs), no ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio de la citada licencia pese a haber sido requerido expresamente por el tribunal mediante providencia dictada el pasado 6 de abril.
Por parte de los ecologistas, estos acusan al regidor de emplear una “estratagema reiterada” al solicitar un informe sobre cómo iniciar el expediente justo el día en que vencía el plazo conferido, y denuncia que desde hace años se dilata el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluida la firme de 2016 que obliga a clasificar El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección en el PGOU.
La organización ecologista pide que la Sala ejecute de forma subsidiaria la sentencia, amparándose en el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y recuerda que el Consejo Consultivo Andaluz ha dictaminado que la licencia otorgada en 2003 es ilegal y que el hotel debe demolerse.
Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de su letrado en Granada, señala que no se ha acreditado el cumplimiento de la providencia ni se ha dado trámite al procedimiento de revisión, tal y como establece el fallo judicial, lo que “conlleva un retraso considerable”. En consecuencia, solicita a la Sala que adopte las medidas coercitivas previstas en el artículo 112 de la citada ley para hacer efectiva la ejecución.
De forma previa, el regidor informó al TSJA de que había dictado una providencia en la que ordenaba a la Secretaría municipal emitir un informe sobre la legislación y el procedimiento aplicable para revisar de oficio la licencia de obras del hotel, después de que el pasado 6 de marzo el TSJA le concediese un mes para acreditar que se ha incoado el procedimiento de revisión.
La licencia fue concedida en enero de 2003 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento a la promotora Azata del Sol, y su nulidad fue declarada por sentencia firme del TSJA ratificada por el Tribunal Supremo (TS). El Ayuntamiento de Carboneras afirmaba a inicios de abril su “intención de cumplir con su obligación constitucional” de ejecutar las resoluciones judiciales y colaborar con el tribunal en este proceso.
Asimismo, comunicaba formalmente al alto tribunal andaluz que había dado cumplimiento a las providencias dictadas en febrero y marzo de este año, comprometiéndose a atender cualquier otra actuación que se requiera en la ejecución de la sentencia.
El TSJA había advertido al consistorio de que, en caso de incumplimiento, podría adoptar medidas previstas en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como la imposición de multas coercitivas o la deducción de testimonio penal. EFE / ECOticias.com
