El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó recientemente varios recursos interpuestos por España y por pescadores gallegos y asturianos contra la designación por parte de la Comisión Europea de zonas que deben ser objeto de protección en España, al considerar que hay, o es probable que haya, ecosistemas marinos vulnerables.
La sentencia explica que la calificación de zona en la que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o en la que sea probable que existan se basa en la presencia verificada o posible de especies protegidas y en las características del ecosistema propiamente dicho, que necesiten de medidas de protección.
El Tribunal entiende que estas medidas son las que garantizan la protección de las zonas marinas frente a los significativos efectos adversos de los artes de fondo en general, aludiendo a diversos tipos de formas de pesca que resultan dañinas, especialmente, para los suelos marinos.
La protección es crucial para preservar las zonas marinas
Organizaciones ecologistas destacaron la importancia del fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimó varios recursos interpuestos por España y por pescadores asturianos y gallegos contra la designación por parte de la Comisión Europea de zonas marinas que deben ser objeto de protección. Según el TGUE, es necesario considerar que hay, o es probable que haya, ecosistemas marinos vulnerables en las zonas de pesca a los que hacen referencia los recursos de España y los pescadores.
El asesor político de Oceana, Michael Sealey, ha señalado que «celebran que Europa se mantenga firme y que el Tribunal se haya pronunciado a favor de estos cierres, ya que se demuestra que se han basado en la ciencia para el fallo, una medida que está bien justificada y han seguido la metodología correcta».
Según Sealey, estos cierres «protegen tanto hábitats como especies vulnerables, que también son necesarios para la pesca, es decir, que hay que proteger estos fondos específicos para proveer a la pesca de recursos suficientes para que sea productiva». Ha explicado que «estos cierres, que son unos polígonos en el Atlántico Norte, y corresponden a una regulación que pretende proteger las aguas profundas de esta zona del océano».
Sostiene que España recurrió estos cierres porque considera que, entre otros, «el palangre no le afecta y que estos cierres se hicieron de forma sesgada y sin tener en cuenta algunos factores socioeconómicos. Tras la posición de España y algunas asociaciones pesquera, los cierres han sido parados completamente», asegura.
Marta Martín Borregón, responsable de océanos y pesca de Greenpeace España, ha explicado que desde esta ONG se alegran de que «se dé la razón a la Comisión Europea en la protección de ecosistemas marinos vulnerables, en los que puede haber presencia de especies protegidas».
Martín Borregón alerta sobre el decrecimiento de los recursos marinos, «lo que afectará a la pesca y a los pescadores». Por ello, sostiene, es necesario «salvaguardar el futuro del sector pesquero, potenciando aquellas artes de pesca que son respetuosas con el medio para que las poblaciones de peces se puedan recuperar, asegurando que el impacto sobre los ecosistemas marinos sea el menor posible y velando por su protección».
Recuerda que desde la organización han desarrollado «un modelo de alimentación sostenible» en el que demuestran que si se eliminan las artes de pesca industriales, entre las que se incluye el arrastre por ser de las más dañinas, y se sustituyen parte de ellas por artes de pesca sostenibles «se podría aumentar las capturas en el caladero nacional en un 55% respecto a la situación actual».
Asimismo, sugiere, al eliminar progresivamente la flota industrial de elevada potencia en el modelo planteado, «las emisiones de CO2 se reducirían en un 94 % para 2050. Es evidente, dice, que las medidas de protección son más que necesarias, pero no se puede dejar de lado al sector».
«Lo que falta es que la Comisión Europea tenga en cuenta la parte social a la hora de tomar estas decisiones, ya que habría que reubicar a la flota en artes de pesca respetuosas con el medio para que puedan seguir dedicándose a la pesca», concluye.
El asesor político y de políticas de la organización Deep Sea Conservation Coalition, Matthew Gianni, ha afirmado en un comunicado que esta sentencia «envía una señal clara de que el Reglamento de Pesca de Aguas Profundas no solo cumple su propósito, sino que debe implementarse y ejecutarse plenamente”.
Ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que «procedan sin más demora con el nuevo conjunto de vedas recomendado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)». Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, dijo que España estudia el procedimiento para responder a la sentencia del TGUE. EFE / ECOticias.com
