Una propuesta, lanzada a dos por el PNV y PSE-EE, busca agilizar trámites administrativos y favorecer la ejecución de proyectos estratégicos de vivienda e infraestructuras, pero ha generado un intenso debate político y social en Euskadi.
Y es que, según diversas voces críticas, supone una eliminación de garantías ambientales previamente establecidas en los procesos de planificación territorial.
Debilitando los límites ambientales al urbanismo en Euskadi
Asociaciones ecologistas denuncian las consecuencias funestas de la Proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios de PNV y PSE-EE bajo el título «Medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo». A pesar de su nombre, la proposición supone una modificación sustancial de la Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi y de la Ley 4/2015 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, debilitando profundamente las garantías legales que protegen el medio ambiente y la salud de las personas.
Esta semana, tras el parón de actividad en el Parlamento Vasco durante el mes de agosto, se han retomado las sesiones de la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana. Las comparecencias, que seguirán en el día de hoy y mañana miércoles, recogen las aportaciones de sindicatos, ayuntamientos, arquitectos y expertos en urbanismo, así como de colectivos como Stop Desahucios o Asociación Kolektibo 47 Etxebizitza Denontzat. Sin embargo, la ausencia de asociaciones ecologistas es notable, más aún teniendo en cuenta las afecciones de esta proposición de ley en el medio ambiente y la salud de las personas.
La reforma plantea que los estudios ambientales de los planes urbanísticos –tanto modificaciones puntuales de planes generales como planes parciales sujetos a evaluación ambiental– dejarán de ser informados por el Gobierno Vasco y pasarán a ser competencia de los ayuntamientos promotores, siempre que tengan más de 7.000 habitantes y capacidad para aprobar sus planes generales, como ocurre habitualmente.
Esto supone eliminar la intervención del órgano ambiental especializado del Gobierno Vasco, sustituyéndola por la evaluación del propio Ayuntamiento que impulsa el proyecto y lo aprueba posteriormente, una medida que resulta aberrante y contraria a la Directiva 2011/92/UE, la cual exige una separación clara entre el órgano promotor del plan y la autoridad evaluadora del impacto ambiental.
Hasta ahora, los informes ambientales eran elaborados por personal técnico del Gobierno Vasco, con capacidad para introducir modificaciones o limitar daños ambientales. Con esta reforma, ese filtro se elimina y se pone en manos de una administración local que carece, por lo general, de personal especializado, independiente y con solvencia técnica suficiente, además de estar sometida a posibles presiones políticas y urbanísticas.
Plazos más cortos y protagonismo del silencio positivo administrativo
La proposición acorta todavía más los plazos para las evaluaciones ambientales urbanísticas y plantea que, si no hay respuesta en plazo, se entienda que el proyecto cuenta con informe favorable («silencio administrativo positivo»), lo que contraviene la normativa vasca, la legislación estatal básica y las propias directivas europeas en materia de evaluación ambiental, que exigen garantías expresas y no automáticas. En lugar de reforzar los medios humanos y técnicos de los órganos ambientales, el texto propuesto recorta el control ambiental, favoreciendo una visión desarrollista y especulativa del urbanismo que remite a épocas superadas de políticas urbanísticas al servicio de grandes intereses inmobiliarios.
Otro de los aspectos más preocupantes es la modificación de la Ley 4/2015, que regula la prevención y corrección de la contaminación del suelo. La reforma relaja los controles para la construcción de viviendas en suelos potencialmente contaminados, reduciendo garantías en materia de salud pública y medioambiental, y favoreciendo operaciones urbanísticas sin las necesarias evaluaciones técnicas independientes.
Una tramitación sin debate público, con premura y sin que haya control institucional
El hecho de que una reforma de tanto calado se tramite por vía de urgencia y a través de una proposición parlamentaria, en lugar de mediante un proyecto de ley del Gobierno Vasco, supone un uso torticero del reglamento parlamentario, exponen los ecologistas. Este procedimiento permite eludir la obligación de elaborar informes jurídicos y técnicos preceptivos, que sí serían necesarios si la propuesta la impulsara el Ejecutivo.
Además, se evitan los trámites de audiencia pública y participación ciudadana, necesarios para una modificación legislativa de estas características. Las asociaciones ecologistas no han tenido conocimiento previo de la propuesta ni han sido invitadas a participar en las audiencias parlamentarias que se están celebrando este mes. Por todo ello, las asociaciones ecologistas:
- Denuncian la gravedad de esta proposición, que debilita las garantías ambientales de la ciudadanía vasca y del territorio.
- Piden que la ley sea retirada y que cualquier reforma legislativa en esta materia se tramite por vía ordinaria, con todos los informes técnicos, jurídicos y con participación pública.
- Reclaman ser escuchadas por el Parlamento Vasco antes de que se vote esta ley.
- Alertan del riesgo jurídico y ambiental que supone esta iniciativa, contraria a las directivas de la UE, a la legislación estatal básica y a la jurisprudencia europea en materia de medio ambiente.
En resumen, estas entidades muestran su rechazo frontal, advirtiendo que esta reforma abre la puerta a un menor control sobre los impactos ambientales de los proyectos urbanísticos. Según sus críticas, la flexibilización normativa puede traducirse en una mayor presión sobre suelos de valor ecológico, pérdida de biodiversidad y un retroceso en la política de sostenibilidad que Euskadi ha venido impulsando en las últimas décadas. ECOticias.com
