Tras los incendios que se han vivido en España, es el momento de remangarse y llevar a cabo un trabajo global y responsable en pro de reducir en la medida de lo posibles las consecuencias que traerán consigo las precipitaciones de la temporada otoñal.
Una labor que debe implementarse, además, no sin antes hacer una valoración de cómo han quedado los ecosistemas dañados por las llamadas de este mes de agosto. Esta es la reclamación que hacen organizaciones ecologistas, al tiempo que piden una revisión de los planes anuales para la prevención de incendios en cada comunidad autónoma.
Fin de los incendios. ¿Qué hacer ahora?
Ecologistas urgen a las Administraciones a coordinarse y tomar medidas inmediatas para proteger el suelo y los cursos fluviales y masas de agua tras los incendios forestales, y a que mantengan la atención y la actividad en las zonas afectadas para prevenir en lo posible nuevos efectos adversos sobre las poblaciones locales, los ecosistemas y las especies. Solicitan a su vez a las comunidades autónomas que hagan una valoración de los daños ambientales en el ámbito de sus competencias. Esto implica un esfuerzo extraordinario sumado a los trabajos de extinción.
Asimismo, requieren al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las comunidades autónomas la puesta en marcha de forma urgente de un Control Operativo del estado de las masas de agua de sus competencias (cuencas intercomunitarias en el caso del Miteco, y cuencas intracomunitarias en el de las comunidades autónomas) a través de sus redes de seguimiento.
Los principales esfuerzos deben realizarse en las zonas de captación de aguas para abastecimiento, zonas sensibles, Red Natura 2000 y Reservas Naturales Fluviales, apuntan. Pese a todo, muestran su profunda preocupación por los efectos que tendrán las lluvias en las zonas quemadas, muchas de ellas con elevadas pendientes, donde la escorrentía se magnificará por la pérdida de vegetación y el desarrollo de suelos hidrófobos, en los que el agua será arrastrada tras haber perdido su capacidad para absorberla.
Al efecto del arrastre de cenizas y suelo fértil, y de la erosión, se suman los de la presencia de nitratos, carbono orgánico, iones o metales que afectarán a las masas de agua de esas cuencas. El resultado: aumento de amoniaco y nitratos, cambios en el pH, incremento en la turbidez y disminución del oxígeno, o contaminación por pirorretardantes empleados durante las labores de extinción de los incendios. Las esperadas lluvias tendrán efectos invisibles cuando la atención ya no esté en estos montes quemados.
Riesgos en la calidad del agua
A los cambios físico-químicos se unen los de las condiciones hidromorfológicas de ríos y arroyos, como modificaciones en la estructura y sustrato del lecho, y en la estructura de vegetación de la ribera. Todo ello afectará a la calidad del agua, a los seres vivos que viven en ellas y a la cadena trófica.
Los efectos de la no actuación para proteger el suelo y las aguas tras los incendios forestales pueden tener un gran impacto, como ocurre con las réplicas tras un terremoto. Por ello, es fundamental, tras el diagnóstico post-incendio, poner en marcha medidas urgentes guiadas por criterios científicos, priorizando soluciones basadas en la naturaleza, y generar las condiciones para la recuperación de la vegetación potencial, con especies autóctonas, por ejemplo, con una visión a largo plazo.
Frente al ingente trabajo que afrontan las zonas quemadas, estas entidades subrayan que la prioridad debe ser la protección urgente del suelo y de los cursos de agua para evitar procesos de erosión, contaminación y pérdida irreversible de biodiversidad. Sin embargo, advierten de que existen serias dudas sobre la capacidad técnica y humana de las administraciones públicas para afrontar este reto en toda la península ibérica, ya que no se cuenta ni siquiera con criterios consensuados y aplicables de manera uniforme. Esta falta de medios y de coordinación pone en riesgo la eficacia de las actuaciones y demuestra la necesidad de una estrategia común.
La aprobación el martes pasado en Consejo de Ministros del real decreto de criterios comunes para la prevención y extinción de incendios evidencia la falta de coordinación histórica en esta materia: llega con casi 50 años de retraso y demuestra una mala gobernanza ambiental estructural en nuestro país. Las comunidades autónomas y el Estado han desarrollado múltiples normas y planes, pero su aplicación ha sido insuficiente o ineficaz, como demuestra la recurrencia de grandes incendios y la falta de instrumentos consolidados de prevención y restauración.
Para ellos, la situación exige ir más allá de la gestión inmediata y abordar el problema como un reto de Estado. El pacto anunciado por el presidente del Gobierno puede ser un primer paso, que vienen reclamando explícitamente desde hace tiempo, y cuyo compromiso adquirieron para sus territorios algunos partidos en las últimas campañas electorales catalanas y del País Vasco, partidos que ahora están gobernando. Es imprescindible que todas las administraciones, nacionales, autonómicas y locales, asuman su corresponsabilidad y garanticen la ejecución real de las medidas previstas en la legislación.
Los informes recientes de la Unión Europea son contundentes. Tanto la Revisión de la Implementación Ambiental (EIR 2025) como el Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial 16/2025) apuntan a la misma conclusión: España invierte cada año más en prevención de incendios, pero faltan resultados duraderos. Las instituciones europeas insisten en la necesidad de invertir prioritariamente en las zonas de mayor riesgo, contar con mejor información cartográfica y planificación, y reforzar la capacidad administrativa y la coordinación autonómica y local para que las inversiones sean eficaces.
En este contexto, señalan que no es la normativa ambiental ni la Agenda 2030 la que frena la lucha contra los incendios, como han insinuado algunos responsables políticos, sino la falta de medios, de coordinación y de aplicación efectiva de las leyes existentes, agravada por los impactos del cambio climático.
En conclusión, lo peor no ha pasado del todo. Cierto es que ya no se vive esa ola de incendios de comienzos del mes de agosto (aunque algunos siguen activos con menor virulencia), pero ahora llega una parte importante en la recuperación ambiental. Y es que todo es poco para salvaguardar unos suelos ante las lluvias del otoño y que estas no desemboquen en erosión, contaminación y pérdida de biodiversidad. ECOticias.com
