El Convenio de Aarhus que tiene por objeto facilitar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a las personas físicas y jurídicas, fue adoptado en la Conferencia Ministerial “Medio ambiente para Europa” celebrada en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 y fue ratificado por España el 15 de diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de marzo de 2005.
Ahora se denuncian retrocesos en derechos ambientales del Convenio de Aarhus.
El octavo período de sesiones de la Reunión de las Partes en la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental (Convenio de Aarhus) tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, Ginebra, del 17 al 19 de noviembre de 2025. Se retuvo hasta atrás con el quinto período de sesiones de la Reunión de las Partes en el Protocolo sobre los registros de emisiones y transferencias de contaminantes (Protocolo sobre los PRTR) (21 de noviembre de 2025).
Las dos sesiones presentaron un segmento conjunto de alto nivel el 20 de noviembre de 2025, donde las delegaciones se centraron en el papel de la Convención de Aarhus y su Protocolo en la promoción de los derechos públicos para hacer frente a la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Cómo los retrocesos en derechos ambientales del Convenio de Aarhus están debilitando la democracia ecológica
En el octavo período de sesiones se proporcionó una plataforma para que las Partes, los signatarios, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y otras partes interesadas examinaran los logros y los desafíos para involucrar eficazmente al público en la promoción de la democracia ambiental, la transformación digital, la economía circular y el desarrollo sostenible.
En el período de sesiones se adoptaron varias decisiones sustantivas que guiarán las actividades de la Convención en el próximo período entre períodos de sesiones para 2026-2029.
Las ONG presentes en Ginebra advierten del retroceso global en derechos de información, participación y justicia ambiental, y del aumento de ataques contra defensores del medio ambiente. SEO/BirdLife reclama reforzar el Convenio de Aarhus ante el incremento de casos de incumplimiento, la falta de recursos y los riesgos derivados de la transición energética y la explotación de minerales críticos.
La reunión ha concluido con la aprobación de la Declaración General de Ginebra, un texto que reconoce la urgencia de reforzar la implementación del Convenio para dar respuesta a la triple crisis planetaria.
ONG y expertos alertan de ataques crecientes contra defensores ambientales
SEO/BirdLife ha participado en la Octava Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus (MoP8), celebrada en Ginebra del 17 al 20 de noviembre, donde más de 300 representantes de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales han analizado el estado de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental que defienden este Convenio internacional de las Naciones Unidas.
La reunión ha concluido con la aprobación de la Declaración General de Ginebra, un texto que reconoce la urgencia de reforzar la implementación del Convenio para dar respuesta a la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. La declaración subraya la necesidad de garantizar estos derechos pensando en las generaciones futuras y de reforzar la capacitación y difusión de los principios de Aarhus en todos los países firmantes.
“Ante el retroceso constatado a lo largo de la reunión, desde SEO/BirdLife insistimos que es necesario reforzar el Convenio de Aarhus para proteger la democracia ambiental y asegurar justicia social, máxime cuando el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está reconocido por Naciones Unidas”, afirma Eva Hernández Jorge, Coordinadora de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife.
Falta de recursos, más denuncias y decisiones que sientan precedentes peligrosos
Uno de los elementos más destacados de la reunión ha sido la advertencia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, reelegido durante esta MoP8. Forst alertó de un crecimiento sostenido de ataques, amenazas y restricciones contra personas y colectivos que defienden el medioambiente, recordando que la desobediencia civil pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.
Tanto la ONU como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocen que protestas no violentas, incluidas formas disruptivas como bloqueos, están amparadas por estándares internacionales. Garantizar la seguridad de estos defensores es, según el Relator, un requisito imprescindible para cumplir el Convenio y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 16.
España vuelve a estar bajo la lupa del Comité de Cumplimiento
Las organizaciones asistentes, incluida SEO/BirdLife, han denunciado un debilitamiento creciente de los espacios de participación pública, así como trabas al acceso a información ambiental y obstáculos judiciales, pese a que el Convenio está en vigor desde 1998.
En este contexto, las ONG han expresado su preocupación por la decisión adoptada respecto a Gran Bretaña, que ha logrado posponer la implementación de recomendaciones del Comité de Cumplimiento. Las organizaciones han señalado que se trata de un peligroso precedente, que abre la puerta a que los Estados puedan eludir las conclusiones del Comité sin consecuencias.
El Comité de Cumplimiento y la Secretaría del Convenio han advertido del incremento significativo de casos recibidos, especialmente relacionados con energías renovables, explotación de minerales críticos y otros temas emergentes. Sin embargo, este aumento no ha venido acompañado de más recursos humanos ni financieros, comprometiendo la eficacia del mecanismo.
A ello se suma que la mitad de las Partes, incluida España, no ha presentado sus Informes Nacionales en plazo. Se ha fijado como fecha límite el 15 de enero de 2026 para que los países rezagados regularicen la situación. SEO/BirdLife presentó en julio y octubre sus observaciones al borrador español, destacando la preocupación por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta el silencio administrativo de forma negativa, contraviniendo el Convenio.
Precisamente la interpretación del silencio administrativo en sentido negativo fue motivo de la Comunicación ACCC/C/2025/214, presentada el año pasado por SEO/BirdLife, WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, por vulnerar el derecho de acceso a la información. Este caso aún no se ha resuelto, lo que SEO/BirdLife ha recordado al Comité de Cumplimiento del Convenio en Ginebra esta semana.
Durante la reunión se han revisado otros dos casos más antiguos abiertos para España:
- Participación pública en la extensión de vida de los reactores I y II de la central nuclear de Almaraz, donde el Comité ha instado a España a adoptar medidas legislativas y administrativas, además de presentar un plan de acción antes del 1 de julio de 2026.
- Falta de garantías en el Plan Nacional Transitorio de la Directiva de Emisiones Industriales, cuyos incumplimientos se han confirmado, aunque sin recomendaciones adicionales al no estar ya vigente.
Como organización declarada de utilidad pública, SEO/BirdLife reafirma su compromiso firme con la protección del derecho a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Con una trayectoria consolidada en la incidencia institucional y social, la ONG exige mecanismos más robustos para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente estos derecho. Seguir leyendo en ECOticias.com
