Las ayudas al coche eléctrico vuelven a generar polémica tras la aprobación del nuevo Plan Auto+, que reduce el importe máximo y elimina apoyos clave como el cargador doméstico.
La OCU advierte de que estas medidas frenan la transición ecológica, penalizan a las rentas más bajas y convierten la movilidad eléctrica en un privilegio al alcance de pocos.
Ayudas al coche eléctrico insuficientes para una transición justa
La OCU alerta de que las ayudas al coche eléctrico reducen su impacto y agravan la desigualdad social.
El Plan Auto+ se queda corto, ya que los incentivos máximos de compra se han reducido y se ha eliminado la bonificación por la retirada de vehículos antiguos. Esta medida había contribuido a retirar los coches más contaminantes. Y a revitalizar el parque móvil español, lo que supone un problema de seguridad real.
La eliminación de las subvenciones a los cargadores domésticos limita el acceso a tarifas eléctricas asequibles. Este es un factor clave para las familias con bajos ingresos que consideran la compra de vehículos eléctricos. La normativa también ignora a los hogares sin garaje ni opciones de carga.
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera insuficiente el alcance del Real Decreto‑ley 2/2026 y el nuevo Plan Auto+. Aunque se consolidan la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros para la compra de un coche eléctrico. Y se facilita el acceso inmediato a las ayudas. La cuantía de estas últimas decrece y se eliminan las destinadas a la instalación de cargadores domésticos.
La sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados. OCU lleva años advirtiendo de que el precio es el principal obstáculo para que la movilidad eléctrica sea una opción viable.
Menos subvención y eliminación del cargador doméstico
Lamentablemente, el Plan Auto+ no termina de afrontar este hecho. Porque el importe máximo de las nuevas ayudas a la compra se ha reducido de 7.000 a 4.500 euros. Al eliminarse la oferta por el achatarramiento de un vehículo antiguo.
Una oferta que no solo contribuía a sacar del mercado a los vehículos más contaminantes, también a reducir la edad media del parque móvil en España. Que es una de las más altas de la Unión Europea y un factor de siniestralidad.
En cuanto a la ayuda adicional de 1.000 euros del concesionario, ya era habitual en muchas marcas.
Y surge una nueva barrera como consecuencia de la eliminación de las ayudas a la instalación de cargadores domésticos: la dificultad de acceso a unas tarifas eléctricas económicas, una condición imprescindible para afrontar la compra de un coche eléctrico, especialmente para las familias con rentas bajas.
Es más, la normativa sigue ignorando la situación de muchos hogares sin garaje y sin la posibilidad de tener una estación de carga.
Falta una red pública de recarga fiable
En este sentido, OCU echa en falta una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso real y equitativo al vehículo eléctrico, especialmente dirigido a quienes carecen de una estación de carga propia.
Hoy por hoy la mayoría de las estaciones de carga de las ciudades pertenecen a compañías privadas. Y comparten unas tarifas bastante superiores a las ofrecidas a los hogares. Además, la red de recarga española sigue siendo pobre e irregular. Incluso en los propios centros urbanos donde no es raro encontrar estaciones de recarga inoperativas.
OCU exige más presupuesto y control de precios en las ayudas al coche eléctrico
Por todo ello, OCU exige al Gobierno:
- Recuperar la ayuda por achatarramiento de un coche antiguo con motor de combustión. Incrementando así el importe final de la ayuda. Y asegurando la renovación del parque automovilístico español.
- Volver a activar las ayudas a la instalación de cargadores domésticos. Especialmente dirigidas a los hogares con rentas bajas.
- Desarrollar una Estrategia Nacional de Recarga. Que sea vinculante para todas las comunidades autónomas e impulse una red de cargadores públicos en las localidades. Y que facilite la carga a los hogares sin plaza de aparcamiento.
- Mejorar la información al consumidor. Obligar a las a marcas a publicar precios finales reales que integren ayudas y deducciones. Ya que estos dependen de factores como el precio final del vehículo, el país de fabricación y ensamblaje de la batería del coche y el tipo de motor (eléctricos e híbridos enchufables).
- Vigilar las posibles prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables. Mediante controles periódicos del mercado.
- Aumentar los 400 millones de euros previstos para el Plan Auto+. Que son claramente insuficientes y se agotarán en unos meses si se mantiene el porcentaje de vehículos enchufables vendidos hasta la fecha.
España carece de una estrategia nacional de carga que garantice un acceso justo, especialmente para los conductores sin estaciones privadas. La mayoría de los cargadores urbanos son de propiedad privada, más caros que las tarifas domésticas. Y para colmo, según la OCU, la red sigue siendo escasa y poco fiable.
Desde la OCU instan a restablecer los incentivos para la retirada de vehículos y los cargadores domésticos. Al tiempo que sugieren ampliar la financiación, aplicar precios transparentes y reforzar la supervisión del mercado. Además de adoptar una estrategia nacional de carga vinculante. Seguir leyendo en MOVILIDAD ELECTRICA
