«La construcción de una línea férrea de alta velocidad que atraviesa un área que alberga varias especies incluidas en la Directiva sobre las aves supone un deterioro de las características medioambientales de la zona y perturbaciones para especies necesitadas de una especial protección», avisa el letrado en sus conclusiones.
Un abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que España incumplió la normativa europea en materia de aves y de hábitats al no tomar las «medidas adecuadas» de protección ante las obras del eje de alta velocidad transversal de Andalucía, a su paso por las campiñas de Sevilla, aunque no considera que la evaluación de impacto previa al proyecto fuera defectuosa.
«La construcción de una línea férrea de alta velocidad que atraviesa un área que alberga varias especies incluidas en la Directiva sobre las aves supone un deterioro de las características medioambientales de la zona y perturbaciones para especies necesitadas de una especial protección», avisa el letrado en sus conclusiones.
El caso se refiere a varias secciones del ave Sevilla-Almería (Marchante-Osuna y variante de Osuna), cuyos trabajos están paralizados desde hace varios años, pero que han sido denunciados por la Comisión Europea, que considera que las autoridades españolas incumplieron las obligaciones de evaluación de impacto ambiental de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En las conclusiones, que no son vinculantes para el Tribunal pero suelen ser seguidas en la mayoría de casos, el abogado Nils Wahl considera que España «incumplió» la directiva sobre las aves hasta 2008, cuando cambió la catalogación del espacio protegido, y, a partir de esa fecha, la directiva sobre los hábitats.
La razón de tal incumplimiento es «no haber adoptado las medidas adecuadas para evitar el deterioro» de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies que motivaron la designación del paraje natural afectado por el proyecto.
Sin embargo, el abogado europeo «no considera que sea inadecuada» la evaluación de impacto ambiental que se llevó a cabo, pese a la denuncia de la Comisión.
Sobre este punto, el letrado considera que Bruselas se limita a hacer declaraciones de carácter «general» sobre la «supuesta falta de adecuación» de la evaluación de impacto ambiental, pero «sin fundamentar» sus alegaciones, ni explicar por qué considera el análisis insuficiente.
En cualquier caso, las conclusiones advierten de que el hecho de que no se incumplieran las obligaciones procedimentales en lo que al impacto del proyecto se refiere, no significa que no se hayan infringido las directivas medioambientales que «imponen obligaciones de carácter material».
Las obras de los tramos sometidos a examen comenzaron en diciembre de 2007, pero están paralizadas desde 2009.
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