Tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como la Federación Andaluza de Caza ya han pedido la colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona que mató a tiros al primer ejemplar, una hembra de algo más de un año de edad, en Sierra Morena, cuyo cadáver encontraron técnicos del proyecto LIFE+Iberlince el pasado mes de septiembre en la localidad de Villanueva de la Reina, también en la provincia de Jaén.
El cadáver de un cachorro macho sin identificar de lince ibérico, nacido en el presente año 2017 y procedente de la población silvestre de Sierra Morena, del núcleo de Guarrizas, ha aparecido en la A-301, en el término municipal de Vilches (Jaén), en lo que supone el segundo caso en el plazo de un mes de animal de esta especie muerto por arma de fuego.
Concretamente, según los datos consultados por Europa Press del programa LIFE+Iberlince, técnicos de la Junta adscritos al proyecto recibieron a principios de semana el aviso de la presencia del cuerpo, que fue trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía (CAD), donde se le practicó la necropsia: los resultados de ésta determinan que la causa de la muerte se debió a traumatismo por disparo frontal y aplastamiento craneal. En el análisis radiológico se apreciaron al menos 15 proyectiles plomados, la mayoría alojados en la cabeza.
Tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como la Federación Andaluza de Caza ya han pedido la colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona que mató a tiros al primer ejemplar, una hembra de algo más de un año de edad, en Sierra Morena, cuyo cadáver encontraron técnicos del proyecto LIFE+Iberlince el pasado mes de septiembre en la localidad de Villanueva de la Reina, también en la provincia de Jaén.
Fue el propio Seprona el que confirmó a Europa Press la apertura de diligencias sobre este caso. La Benemérita ha pedido ayuda a través de las redes sociales (@guardiacivil) y ha facilitado un correo electrónico, además, para que quien pueda aportar alguna información lo haga directamente ([email protected]).
De su lado, la asociación conservacionista WWF ya reaccionó al primer caso calificándolo de «impresentable» e «indignante» y solicitando de la administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se siga insistiendo en la lucha contra esta lacra, según señaló a Europa Press el responsable del Programa de Especies de WWF España, Luis Suárez.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, legislación básica del Estado, estipula como infracción muy grave «la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos».
Esta ley estatal señala que la tipificación y cuantía de estas sanciones administrativas pueden ser agravadas por la legislación que aprueben las comunidades autónomas. Además, el Código Penal establece que la muerte de un ejemplar de cualquier especie protegida conlleva penas de prisión de hasta dos años de cárcel si se demuestra que ha sido intencionado, a lo que habría que sumar las correspondientes multas.
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