Una vez más, como ya sucedió en el anterior estado de alarma, las comunidades autónomas demuestran su total apoyo al lobby de la caza y ceden a sus presiones. Asturias, Euskadi, Catalunya y Andalucía son algunas de las que han blindado la caza en este nuevo estado de alarma; pero tememos que no serán las únicas.
Los cazadores llevan desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia solicitando, tanto al Gobierno como a las distintas comunidades autónomas, que se declare la caza como actividad esencial, lo que supondría un fuerte blindaje frente a nuevos confinamientos. Es decir, buscan todos los resquicios posibles para saltarse las restricciones para matar animales. Mientras tanto, el resto de la población cumple las medidas, algunas personas teniendo incluso que cerrar sus negocios, que suponen su única fuente de ingresos.
Ya son varias las comunidades que han cedido a las presiones de los cazadores en esta crisis
Asturias fue una de las primeras autonomías en declarar su apoyo total a los cazadores estableciendo la caza como actividad esencial. A ella se une también Euskadi, que permite tanto la caza como la pesca sin ningún tipo de restricción, más allá de la distancia de seguridad y la mascarilla. En el caso de Catalunya, la Generalitat continúa permitiendo y autorizando batidas, incluso en horario nocturno, a pesar de haber toque de queda desde las 22 hasta las 6 horas.
Andalucía, la última en mostrar su apoyo incondicional a los cazadores, también permite las entradas y salidas de los municipios para cazar bajo la eterna excusa de la sobrepoblación de animales, que, como sabemos, es el pretexto usado por los cazadores para continuar realizando su cruel actividad. Como decíamos, no serán las únicas; otras comunidades como Cantabria o Castilla-La Mancha ya trabajan al parecer para declararla actividad esencial.
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La caza, un sector privilegiado por las administraciones
Mientras los cazadores continúan gozando del eterno favor de las administraciones, las personas que atienden y cuidan a los animales de protectoras y de colonias felinas encuentran dificultades para continuar realizando su labor; una labor, dicho sea de paso, que corresponde a la administración pública, y que personas y asociaciones realizan de forma altruista. Mientras el lobby de la caza continúa presionando, muchas personas con horarios laborales muy tempranos o tardíos no pueden pasear a sus perros debido a las restricciones, a pesar de ser actividades que se realizan de forma individual.
Es inadmisible que desde los gobiernos autonómicos se continúe otorgando estos privilegios a una actividad que supone la muerte violenta de millones de animales y la contaminación de nuestros montes, mientras muchos animales continúan desatendidos y muchas personas sufren las consecuencias de la crisis sanitaria y económica. Instamos a las comunidades autónomas a rectificar en estas medidas, y pedimos al Gobierno que actúe para garantizar de forma efectiva el bienestar de los animales.
Por los animales y por la salud de todas y todos.
Fuente: Pacma
