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lunes, febrero 6, 2023

El grave problema de los incendios forestales en Asturias

La realidad constatada es que el interés particular de unos pocos ciudadanos está acabando año tras año con un bien colectivo jurídicamente protegido que satisface funciones principalmente de conservación del suelo frente a la erosión, de calidad ambiental y que tiene un excepcional valor ecológico y paisajístico. Ante esta realidad constatada y acreditada con datos objetivos, la Consejería de Medio Rural mira intencionadamente hacia otro lado, dejando así que ese destructivo interés particular y pecuniario de un pequeño sector de la población prevalezca sobre el interés general de su conservación. Y esta pasividad se demuestra porque, a pesar de que el número de incendios aumenta cada año en nuestra región, no se acotan debidamente al aprovechamiento ganadero, para su regeneración, todas las zonas quemadas en cumplimiento del mandato imperativo que establece la Ley de Montes y que va dirigido a las Administraciones Públicas. Y en las pocas ocasiones en que este se lleva a cabo, no se instruye procedimiento sancionador alguno a quienes infringen la orden de acotamiento, haciendo rentable la actuación criminal a los culpables de la misma. Tampoco se ha puesto en marcha en Asturias campaña alguna de sensibilización, educación e información a los ganaderos sobre las consecuencias negativas de su tradicional proceder. Asimismo tampoco se exige a los habitantes del medio rural asturiano el precepto de tratar de evitar la propagación de los incendios forestales por sus propios medios o trasladando el correspondiente aviso a los servicios de extinción, lo que es un deber y una obligación legal de todo ciudadano.

 Asimismo, es necesario que se organicen dispositivos de vigilancia intensiva y continua en los días de alto riesgo de incendios forestales, pues no se explica cómo, sabiendo la Guardería Rural cuándo se van a producir los incendios por la sola experiencia de repetición de circunstancias concurrentes (viento sur y época previa a la subida del ganado a los puertos), no se disponga por la Consejería de Medio Rural un incremento de efectivos en aquellas determinadas zonas que todos los años se caracterizan por arder a manos de los ganaderos, siendo común el que no se encuentre guarda alguno vigilando allí donde se producen los incendios repetidamente, lo que contribuye a una mayor impunidad de los causantes de incendios forestales. Y es que se ha de dar prioridad absoluta a la vigilancia de incendios frente a cualquier otro tipo de labor asignada al colectivo de la guardería en época de alto riesgo y así mismo exigir el mimo nivel de alerta y vigilancia a la Guardería de Medio Ambiente, para que este colectivo actúe de forma coordinada con la Guardería de Medio Rural. Al respecto se hace necesario que el Servicio de Emergencias 112 active el nivel máximo de alerta cuando se sabe que existe riesgo evidente de incendios, lo que implica que toda la Guardería entraría de guardia durante las veinticuatro horas del día, dispositivo que, a pesar del alarmante número de incendios registrado durante este mes de marzo, no ha sido activado ni un solo día.  

     Estas medidas han de reforzarse, por último, con el mantenimiento de los pastizales preexistentes mediante medios mecánicos y manuales, además, con la reforestación de las zonas quemadas con las  especies forestales autóctonas.

     Es un deber urgente e inaplazable de la Consejería de Medio Rural preservar al medio ambiente asturiano de esta alteración gravísima en el equilibrio ecológico que suponen los incendios forestales, los cuales constituyen un atentado de primera magnitud contra la naturaleza asturiana, y es deber además de la referida Consejería el evitar el despilfarro económico que supone sufragar la extinción de un número tal elevado de incendios, que son de por sí insostenibles tanto para el medio ambiente como para el erario público, de manera que se hace imprescindible incidir en mayor medida sobre todos los aspectos preventivos apuntados y no exclusivamente sobre los medios de extinción, como se ha venido haciendo hasta la fecha por la administración autonómica asturiana.

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