Las organizaciones ambientales han mostrado su rechazo al planteamiento extremo realizado por la Junta de Castilla y León, que propone matar hasta 137 lobos durante la temporada de caza 2012-2013. Para los grupos conservacionistas, siguen sin existir datos rigurosos sobre la población de la especie en Castilla y León que justifiquen estos cupos. Por otra parte, advierten de que la puesta en marcha de medidas para prevenir ataques al ganado y la flexibilización del sistema de gestión de los cadáveres de ganado extensivo rebajarían ampliamente el conflicto con la población local.
El anuncio sobre un cupo de caza de 137 lobos al norte del río Duero, llevado a cabo por la Junta de Castilla y León esta semana, y la creciente conflictividad entre ganaderos y asociaciones de defensa de la naturaleza, ha causado una profunda preocupación entre los grupos ambientales.
Las ONG se oponen a la propuesta de la Administración y consideran que no está suficientemente justificada, ya que con ello no se conseguirá resolver los problemas de gestión de la especie. Algunas de las razones en las que se basan las organizaciones son:
La falta absoluta de datos recientes y fiables sobre las cifras y área de distribución del lobo en la región.
El progresivo abandono de las medidas para prevenir ataques al ganado; durante 2011 tan sólo se donaron 10 mastines a ganaderos de la región y no se concedió ninguna subvención para los cercados.
El retraso en la adopción de acciones complementarias, como la flexibilización en el sistema de gestión de los cadáveres del ganado extensivo, fuente de alimento tradicional para el lobo.
Hay que recordar que el lobo al sur del río Duero está incluido en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats, por lo que está estrictamente protegido. Este documento establece que, para las especies que ostentan esta categoría de protección, será posible el control poblacional sólo como medida excepcional –en el caso del lobo, por daños al ganado– y siempre que se cumplan dos requisitos previos: contar con datos sobre sus niveles poblacionales procedentes de censos rigurosos que utilicen métodos reconocidos por la comunidad científica, y poner en práctica de manera generalizada medidas para la reducción de los daños ocasionados. La propia Junta de Castilla y León participó como cofinanciador en un proyecto LIFE-Naturaleza que demostró cómo el uso de mastines, vallas fijas y vallados eléctricos puede reducir de manera muy significativa los daños al ganado en las explotaciones que los utilizan (www.life-coex.net). Ninguno de estos dos requisitos se cumplen.
Para reconducir esta situación, además, los grupos consideran crucial el mantenimiento y fomento del sistema de compensaciones a través de los seguros ganaderos. El lobo es patrimonio natural y cultural de la región y su exterminio sería una pérdida incalculable.
Los grupos han insistido en la necesidad de mejorar los informes que presenta la administración relativos a la situación de la especie, base de decisiones drásticas que están llevando a la muerte de más de un centenar de lobos cada año. Estos informes siguen presentando para los grupos graves carencias:
No explican suficientemente la metodología empleada para los censos.
Ni se aportan los datos recogidos, por lo que resulta difícil asumir los resultados.
No se explican los criterios para asignar los cupos de caza en cada comarca.
Según Luis Suárez, representante de los grupos en el Comité: “Esperamos que la propuesta de modificación del Plan, que la Consejería presentará próximamente, garantice la viabilidad a largo plazo de la especie, basándose en criterios científicos y que, al mismo tiempo, permita la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, mediante la puesta en marcha de medidas preventivas”.
Para las organizaciones, el modelo de gestión de la especie que se está imponiendo en la región se encuentra cada vez más alejado de un perfil técnico y científico, y más sometido a los vaivenes de las presiones y enfrentamientos mediáticos, provocados por las organizaciones profesionales agrarias.
En la reunión del Comité, las organizaciones han propuesto una serie de actuaciones para favorecer la conservación de la especie y apoyar la actividad ganadera al mismo tiempo.
La ganadería extensiva de Castilla y León atraviesa una profunda crisis relacionada con múltiples aspectos (dureza del trabajo, falta de relevo generacional, bajos precios, subida de los costes de producción, excesivas trabas burocráticas, falta de apoyo institucional, etc). Sin embargo, destacan que el lobo no es en absoluto responsable de ninguna de ellas.
Para las asociaciones es inaceptable que se pretenda gestionar una especie tan compleja, además protegida por las Directivas Europeas en buena parte de región, tan sólo matando ejemplares. Los grupos han planteado en la reunión del Comité propuestas como la creación de un grupo de trabajo sobre medidas de prevención y de apoyo a la ganadería extensiva en el que los grupos invitan a los ganaderos a participar para conseguir soluciones al conflicto.
