Las entidades conservacionistas representadas en el comité consultivo del plan de gestión del lobo en Asturias hemos venido denunciando ante la administración regional, y en concreto a la Directora General de Recursos Naturales y al Jefe de Servicio de Caza y Pesca, por escrito y verbalmente en las reuniones del comité, sobre las múltiples evidencias que daban a entender una seria sobredimensión de los daños de lobo en la región. Una sobredimensión que podía estar afectando al mal uso de fondos públicos y al tiempo con consecuencias desastrosas para la gestión de la especie, al aumentarse los controles para supuestamente minimizar unos daños excesivos, y al mismo tiempo, un incremento de la conflictividad social asociada a los daños, a nuestro juicio, tendenciosa y malintencionada.
A pesar de haber denunciado y alertado en varias ocasiones a la Dirección General de múltiples evidencias sobre un uso fraudulento de los recursos públicos, sus responsables hicieron caso omiso a nuestras alertas en todas las ocasiones, aduciendo que no era su responsabilidad perseguir ni solventar tales problemas.
Ante esta situación, las entidades conservacionistas recurrieron al Seprona de la Guardia Civil, ante el que interpusieron las correspondientes denuncias; denuncias que fueron el origen de una investigación por dicho organismo y que ha supuesto la apertura de diligencias de investigación por causas administrativas y penales. Así, en mayo del 2013, tras múltiples alertas, denuncias y peticiones de investigación a la Dirección General, peticiones que nunca fueron atendidas, las asociaciones ecologistas ASCEL y Coordinadora Ecologista de Asturias denunciamos estos hechos, que ahora están dando lugar a la tramitación de las correspondientes Diligencias Policiales para la investigación de los hecho:
– Cobro duplicado de daños.
Parte de los daños atribuidos a los ataques del lobo son indemnizados por la empresa AGROSEGURO, S.A. a los damnificados, sin que por ellos se deje de solicitar nuevamente la indemnización a la Administración Pública por los mismos daños que ya han sido resarcidos, incurriendo en doble cobro del valor de las mismas reses dañadas. La administración regional abona con fondos públicos el pago directo de los daños, y a su vez, las administraciones públicas financian una parte sustancial de los seguros ganaderos.
– Dejación de funciones y aparente complicidad de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos en la estafa.
El doble cobro puede constituir un delito de fraude a la Administración Pública o de estafa a la misma. La propia empresa AGROSEGURO, S.A. así como la Coordinadora Ecoloxista, pusieron en conocimiento de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias el hecho del posible doble cobro de indemnizaciones, sin que por la unidad administrativa correspondiente se haya procedido a suprimir los pagos en el concepto por el que ya se han percibido y a erradicar la práctica del enriquecimiento ilícito a través del doble cobro por daños de lobo.
– Graves deficiencias en la peritación de daños por parte de algunos funcionarios.
Existen múltiples evidencias sobre graves deficiencias en la peritación de los expedientes de daños por parte de algunos funcionarios del Principado. En concreto, ausencia de rigor en la peritación, escandalosos porcentajes de expedientes positivos, lo que ha dado lugar a una severa picaresca en el uso de animales enfermos o despeñados que se han tramitado y fueron cobrados por daños reales. Por ejemplo, casos con las fotos del mismo animal muerto en expedientes separados por lapsos de meses, entre otras prácticas.
– Una aparente trama de tráfico de animales desde otras comunidades autónomas hacia Asturias.
Los medios de comunicación asturianos se han hecho eco en los últimos años de una aparente trama de tráfico de animales domésticos, con el fin de aprovechar su mortalidad y su posible predación por los lobos para obtener cuantiosas compensaciones por daños, incrementando artificialmente y de forma escandalosa los expedientes de daños achacados s los lobos.
Agradecemos a las autoridades policiales la investigación de los hechos denunciados y esperamos que se depuren a fondo las responsabilidades de los funcionarios públicos que permitieron este escenario escandalosos de supuestos casos de estafa, fraudes, y falsedad en documento públicos, y que ha generado, y está generando, una monumental polémica social, a la vez que ha tenido nefasta consecuencias, tanto para la población de lobos, por cuanto los abusivos controles se han justificado por los daños, como para la propia sociedad en general y para los profesionales de la ganadería que no han incurrido en estas prácticas, por el mal uso de fondos públicos, aparentemente de forma fraudulenta y continuado en el tiempo durante años.
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies y Asociación para la Conservación y estudio del lobo “ASCEL
