Los integrantes de la agrupación ANSE se han mostrado completamente indignados ante lo irrisorio de la multa que se le ha impuesto a una granja de producción porcina por su negligencia en la protección de los tendidos eléctricos que le han costado la vida a varios buitres leonados.
La Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto recientemente un recurso administrativo contra la resolución la Dirección de Medio Natural del año 2020, de imponer una multa de 15.000 euros, además de una indemnización de más de 70.000 euros, al titular de la explotación GANADERÍA LA TOVA, por la muerte de diez buitres leonados, que los agentes Medioambientales encontraron en 2019.
Buitres muertos por negligencia
El hallazgo de estos cadáveres de buitre leonado, con síntomas de haberse electrocutado, se produjo al pie de varios apoyos de dos líneas aéreas de alta tensión que da suministro a esta explotación ganadera de porcino. Los apoyos se encontraban tanto en el interior de la explotación de producción en intensivo, como en la zona circundante posee la empresa Ganadería La Tova.
Antes de iniciarse expediente sancionador, en enero de 2020, la Dirección General de Medio Natural remitió a Ganadería La Tova una solicitud de corrección del tendido eléctrico. Meses después, en junio de ese mismo año, los Agentes Medioambientales informaron que los apoyos no habían sido corregidos, tal y como se ordenó a la empresa.
Esta se excusó en que no pudo corregir los apoyos debido a la situación de pandemia. En el mes de noviembre de 2020 los agentes medioambientales volvieron a revisar los apoyos y comprobaron que, o carecían de aislamiento o bien estaban deficientemente aislados, por lo que denunciaron que seguían sin disponer de las medidas antielectrocución.
La empresa denunciada alegó en el expediente sancionador que no había tenido intención alguna de incumplir la normativa antielectrocución. Pero la Dirección General de Medio Ambiente interpretó que el Real Decreto del año 1998, que regula protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, eran de obligado cumplimiento.
Esto era así, puesto que la Dirección General de Energía emitió una la Resolución en el año 2018, en la que se determinaba que todas las líneas de distribución eléctrica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que no se ajustaban a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto del Estado, debían ser corregidas obligatoriamente y a su costa por sus titulares.
Conforme a esta Resolución, la línea eléctrica de Ganadería La Tova se encuentra en el área protegida identificada con el nº 49 y denominada Barranco, por lo que Medio Natural concluyó que la empresa sí tenía conocimiento de esta situación y de la necesidad de cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas en el Real Decreto, mucho antes del apercibimiento realizado por el Director General de Medio Natural en enero de 2020.
La resolución del recurso ha sido firmada por el Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente, Enrique Ujaldón, y puede ser recurrida en los tribunales por la empresa Ganadería La Tova.
La Asociación de Naturalistas del Sureste ha criticado la decisión de reducir en cerca de un 60% el importe inicial de la indemnización por el coste de reposición de los animales, que era de 72.000 euros, y suprimir el incremento del IPC. «Castilla- La Mancha impone 6.000 euros por ejemplar más el IPC», señalaron.
Teniendo la oportunidad de tomar medidas ejemplarizantes, se ha optado por la tibieza a la hora de penalizar la muerte de estos buitres, víctimas de la negligencia de una empresa que obvió todas las advertencias que se le hicieron al respecto.
