El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha indicado que el Consejo de Ministros aprobará «en las próximas semanas» el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para remitirlo posteriormente a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Así lo ha manifestado en un coloquio de Nueva Economía Forum donde ha repasado la normativa ambiental tramitada o puesta en marcha por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En concreto, ha apuntado que a principios de junio de 2020 se aprobó la Estrategia de Economía Circular 2030 que «sienta las bases para impulsar un nuevo modelo económico de producción y consumo alineado con la segunda estrategia de economía circular de la Unión Europea.
Morán ha añadido que, «en paralelo» se ha configurado la «nueva ley de residuos y suelos contaminados, ley que en estos momentos está remitida al consejo de estado para su validación y que en las próximas semanas el Consejo de Ministros estará en condición de aprobar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes para su tramitación».
Además, ha señalado que junto a estos dos «grandes bloques» de clima y economía circular, su departamento trabaja en una «hoja de ruta» del agua, que entre otras actuaciones incluye la configuración este año de la planificación hidrológica para el periodo 2021-2027. Por otro lado, Morán ha anunciado también que a lo largo de 2021 «estará listo» el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, derivado de la reciente Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes y restauración.
A su juicio, la transición ecológica se configura como «uno de los ejes vertebradores» en la salida de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el COVID-19. «La identificación de las causas que subyacen en la crisis sanitaria ha espoleado la preocupación ambiental ciudadana con carácter general», ha reflexionado. En ese sentido, asegura que en la actualidad se da un «perfecto alineamiento» de los objetivos de gobiernos, administraciones, sector productivo, financiero y de los ciudadanos para hacer frente a «un reto definido», que es la transformación y la transición ecológica de la economía.
Por otro lado, preguntado respecto a la situación de la empresa papelera ENCE en Pontevedra, ha manifestado que «se puede evitar el cierre» pero que la cuestión «no es donde se ubican las actividades empresariales» sino que en el caso de esta empresa su problema no es la ley de cambio climático sino «tres recursos» que están dirimiéndose en la Audiencia Nacional. A su juicio, «a consecuencia del cambio climático» se dibuja una «imposibilidad de mantenimiento» de algunas ciudades o infraestructuras allí donde están ubicadas.
Morán ha precisado que el coste de reparación de los daños en la costa ocasionado por temporales ha pasado de los 1 o 2 millones en los años 2006 a 2008 a los 40 o 50 millones de euros en 2018. «Más allá de que a simple vista sea posible adivinar el proceso de subida del nivel del mar, esa subida cada vez que hay un episodio de graves temporales provoca una intrusión del mar muchos metros más adentro de lo que hasta ahora lo había venido haciendo», ha comentado.
Por eso, ha señalado que el Gobierno está trabajando en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en el borde litoral para identificar las actuaciones a llevar a cabo en los próximos años. Esto incluirá la definición de los «nuevos modelos de ordenación urbana», las actuaciones a seguir en lugares donde algunas infraestructuras urbanas y edificaciones existentes «no son viables». En definitiva, ha dicho que están estudiando los «pasos» que se deben acometer en el futuro para que la adaptación «no sea traumática» sino con seguridad jurídica y física para los ciudadanos.
