Asimismo, Greenpeace considera que la renovación del consenso catalán contra el cementerio nuclear es importante para que el Consejo de Ministros no utilice las elecciones catalanas como la ocasión de un posible consenso político. Las fuerzas políticas catalanas deben dejar totalmente claro al Gobierno central que el rechazo de Cataluña al cementerio nuclear centralizado no cambiará después de las elecciones catalanas.
Con la voluntad de renovar esta postura, Greenpeace, tras una primera ronda de contactos con los partidos políticos, se aproximará a las principales fuerzas catalanas que concurren a las elecciones del 28 de noviembre para invitarlas a firmar una reiteración de la resolución. Este gesto supondría un potente rechazo a la instalación nuclear, que el Gobierno central no podría eludir.
La organización ecologista considera que, ahora más que nunca, los partidos políticos han de rehusar el cementerio nuclear ante la inexistencia de los informes técnicos y de seguridad, fundamentales para poder conocer y entender el proyecto. Según Greenpeace, esta confirmación demuestra claramente que el proceso del ATC es ilegal, ya que vulnera los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (conocido como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor al nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.
La organización ecologista denunció desde el comienzo del proceso que nadie, ni siquiera los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a no alojar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado o de los parlamentos autonómicos, ha podido ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC. Eso se confirma ahora ya que se ha demostrado la inexistencia de estos documentos.
Greenpeace recuerda que el pasado 11 de marzo, el Parlament de Cataluña afianzó, en una resolución de su plenario y con el voto a favor de todas las fuerzas políticas salvo el PP y el grupo mixto, la oposición a la ubicación del cementerio nuclear. Esta resolución, al hacer referencia al Convenio de Aarhus, envió al Ministerio de Industria un mensaje que va más allá de Cataluña.
Dada la peligrosidad de los residuos nucleares, para los cuales no existe ni se avista ninguna solución técnica, y que serán activos durante centenares de miles de años, Greenpeace plantea que la única opción que puede generar un consenso es dejar de producirlos, fijando un calendario de cierre de las centrales nucleares, que son las productoras de estos residuos. Ya está demostrado que cerrar las nucleares es posible gracias a la madurez tecnológica y al enorme potencial energético de las diferentes energías renovables.
