39 colectivos sociales exigen a Zapatero que reactive las políticas contra la contaminación química

Esta mañana representantes de 39 colectivos científicos, ecologistas, sindicales, de consumidores, y de afectados han hecho público un escrito enviado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, [1] para denunciar la creciente preocupación social por el abandono del Gobierno de las políticas de protección ambiental y sanitaria frente a los riesgos ocasionados por la contaminación química.

En la misiva, los colectivos firmantes exigen al presidente que ejerza su responsabilidad y  adopte acciones urgentes ante el incremento de los casos de enfermedades como consecuencia de la exposición a sustancias químicas. En los últimos años, algunas patologías como el cáncer, los problemas reproductivos, las alteraciones hormonales, las enfermedades inmunológicas y los problemas neurológicos han alcanzado cifras sumamente preocupantes.

Los firmantes han puesto de manifiesto cómo cada año miles de personas sufren enfermedades respiratorias, de la piel, del sistema nervioso o cardiovasculares por su exposición a sustancias tóxicas en el trabajo. En este sentido, se ha detectado una incidencia del cáncer laboral de entre 2.933 y 13.587 casos nuevos y una mortalidad por esta causa de un mínimo de 1.833 y un máximo de 8.214 trabajadores. También  alertan de los riesgos a los que está expuesta la población y sus consecuencias, ya que, a día de hoy el 100% de la población española presenta en su cuerpo importantes concentraciones de sustancias tóxicas, como compuestos orgánicos persistentes (COP).

La evidencia científica sobre el daño producido por los contaminantes químicos sobre la salud y el medio ambiente muestra la necesidad urgente de reducir la exposición de la población y el medio ambiente a estos agentes.

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A pesar de la gravedad de la situación, en la última legislatura se ha producido un abandono sistemático de las pocas iniciativas políticas para prevenir y controlar estos riesgos para la salud pública, el medio ambiente y la salud laboral. Cabe destacar el olvido en el que han caído el Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes de 2007 y del que no se ha ejecutado prácticamente ninguna línea de actuación; el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente; el inventario de dioxinas; el inventario de policlorobifenilos (PCB), el control de sustancias prioritarias en aguas, etc. En la carta enviada a Zapatero se recuerda que ninguna Administración Pública cuenta con un diagnóstico general de la situación del riesgo químico ni con una estrategia para prevenirlo con objetivos y líneas de actuación concretas.

La situación se complica debido a la dispersión de competencias. Sólo en el Gobierno central las competencias se reparten entre ocho ministerios y existen centenares de direcciones, subdirecciones y servicios implicados, cada una con prioridades y criterios propios. No existe ningún órgano ni red que los coordine ante la ausencia de políticas integradoras. Sin embargo, en los últimos dos años se ha frenado el intento de integrar las políticas a través de la creación de una Agencia de Sostenibilidad Química, que se propuso en la anterior legislatura y que figuró después en el programa electoral del PSOE.

Estas políticas se aplican de forma cuestionable y escasa. Sólo se hace lo que es estrictamente obligatorio por ley. La Administración Central es hoy día un simple transmisor burocrático de la normativa europea y no tiene siquiera capacidad para contribuir a los debates sobre la gestión del riesgo químico a nivel europeo e internacional.

La misiva incide en que la salud es un derecho fundamental que está siendo vulnerado y que la actual situación de crisis económica no es un argumento para abandonar la responsabilidad política de proteger la salud pública sino que ofrece una oportunidad histórica para impulsar políticas, programas, servicios y productos que protejan a la población y al medio ambiente del riesgo químico.

La entrada de Leire Pajín, Rosa Aguilar y Valeriano Gómez al frente de los principales ministerios implicados en la gestión del riesgo químico es una buena oportunidad para impulsar los cambios políticos, económicos y culturales necesarios para prevenir el riesgo químico. Prevenir la contaminación conlleva reducir un enorme coste social y ambiental en términos de enfermedad, muertes, años de vida perdidos o limpieza ambiental.

Nota:
[1] http://www.greenpeace.org/espana/reports/101122

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