En la estrategia de España para avanzar hacia una economía circular y cumplir con los objetivos europeos en materia de gestión de residuos, aparece en escena (no sin polémica) el proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado como paso decisivo en este camino.
Este marco normativo responde a la creciente preocupación por el impacto ambiental de la industria textil, una de las más contaminantes del mundo, y busca regular la recogida, el tratamiento y la valorización de productos textiles y de calzado al final de su vida útil. Sin embargo, no todos coinciden en este caso ya que desde Cepyme aseguran que una de las consecuencias de esta normativa será la destrucción de puestos de trabajo.
No llueve a gusto de todos: polémica por el Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera que el proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, en caso de entrar en vigor según su actual redacción, «no constituye una herramienta eficaz de economía circular» y supondría la destrucción de más de 11.000 pymes y hasta 21.000 empleos directos, el 15 % del sector. Según un informe publicado este lunes por la confederación, que analiza el impacto del nuevo marco regulatorio, otros 17.000 empleos indirectos se verían también afectados, «especialmente en el comercio minorista».
El proyecto de Real Decreto establece el régimen jurídico aplicable a los productos textiles y de calzado en relación con la prevención y la gestión de sus residuos, con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. Para ello, regula las medidas para prevenir la generación de residuos, reutilizar los productos y reciclarlos, así como la responsabilidad ampliada del productor.
Según Cepyme, el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en el sector textil podría triplicarse en los próximos cinco años, pasando de 48,5 millones de euros a más de 134 millones en 2030. El coste por tonelada gestionada, añade, superaría los 400 euros/tonelada, en comparación con la tarifa de referencia actualmente estimada en 250 euros/tonelada.
Cepyme considera, además, que el proyecto de Real Decreto no se alinea con el marco europeo al plantear opciones más restrictivas, como «la habilitación de espacio para la venta de segunda mano en tiendas de más de 400 m2 o en lo relativo a la recogida selectiva». El texto legislativo menciona entre las obligaciones del productor «financiar y organizar, total o parcialmente, la recogida y tratamiento de los residuos de productos textiles y de calzado», conforme a las disposiciones del proyecto.
El resultado de la aplicación de esta normativa «podría ser un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que representó el 2,9% del PIB español y que aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto en 2023, con casi 55.000 empresas activas en toda la cadena de valor», apunta la Confederación en un comunicado. «Es necesario evolucionar hacia un enfoque acorde con un modelo que genere verdadero valor ambiental, industrial y social», estima.
Este Real Decreto persigue no solo mejorar la eficiencia en la gestión de residuos, sino también fomentar nuevas oportunidades económicas y sociales. Se espera que contribuya al desarrollo de una industria del reciclaje textil en España, generando empleo y reduciendo la dependencia de materias primas vírgenes. Además, favorecerá la donación y reutilización de prendas, alargando la vida útil de los productos y apoyando a entidades sociales que trabajan en este ámbito.
En definitiva, el proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado busca dar respuesta a un desafío ambiental urgente. Se espera que contribuya al desarrollo de una industria del reciclaje textil en España, generando empleo… Un empleo que para implicados en el sector se perdería por otro lado: hablan hasta 21.000 trabajos directos y otros 17.000 indirectos también afectados por la ley. EFE / ECOticias.com
