El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del MITECO, a sanear y mantener el embalse de As Conchas, entre los municipios ourensanos de Lobios y Muíños, tras décadas de vertidos de excrementos procedentes de las ‘ganadería industrial’ de la zona.
La sala de lo contencioso-administrativo, en una sentencia del 11 de julio divulgada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, declara «la vulneración de los derechos fundamentales, derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad vinculados al disfrute del agua, todos ellos en relación con el derecho al disfrute de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas«.
«Dicha vulneración está provocada por la inactividad de las Administraciones Públicas demandadas (Xunta y Confederación Hidrográfica Miño-Sil), que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno«, continúa la sentencia.
Condena «a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno de devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya tutela se reclama en el presente procedimiento».
También condena a ambas «a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua«.
Por otro lado, también obliga a abonar a siete de las personas demandantes la cantidad de mil euros al mes desde la fecha de la reclamación inicial -en 2022- hasta un máximo de 30.000 euros a cada uno; aunque en un caso lo limita a 6.000 euros.
El caso ‘As Conchas’
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado hoy una sentencia histórica que confirma que las autoridades estatales y regionales han vulnerado los derechos humanos de los residentes, tanto según la Constitución Española como según la legislación europea de derechos humanos, al no gestionar la contaminación sin precedentes generada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas en la comarca de A Limia, los vertidos de excrementos de la ‘ganadería industrial’ acababán en el río Limia y el embalse de As Conchas.
La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil han sido obligadas a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para poner fin a los malos olores y a la degradación ambiental del embalse de As Conchas y sus alrededores, restaurando así el pleno disfrute del derecho a la vida.
Esta sentencia representa un paso crucial hacia el reconocimiento de que los devastadores impactos de la ganadería industrial no son solo una cuestión de políticas públicas, sino también de derechos humanos.
Las abogadas de ClientEarth y Amigas de la Tierra afirman que este caso abre el camino para que comunidades afectadas en toda Europa puedan presentar demandas similares y exigir justicia y protección a sus autoridades.
La población de As Conchas lleva años sufriendo la contaminación severa del embalse y del río: problemas de salud sin explicación, brotes severos de cianobacterias, un olor insoportable en el entorno, y todo debido a la contaminación por nitratos y bacterias de sus acuíferos.
Esta situación ha puesto en jaque a los negocios locales y la vida en el municipio se ha hecho totalmente inviable. A pesar de las pruebas científicas sobre la contaminación del embalse, las autoridades han seguido ignorando el problema, e incluso llegando a autorizar la celebración de un torneo de piragüismo durante uno de los muchos episodios de proliferación de cianobacterias tóxicas.
ClientEarth y Amigas de la Tierra
Un grupo de nueve demandantes, personas y organizaciones, entre las que se encuentra la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, apoyado por ClientEarth y Amigas de la Tierra, ha llevado el caso ante los tribunales. Se trata de una demanda histórica contra diversas administraciones, incluida la Xunta de Galicia, que denuncia, entre otras cuestiones, la inacción institucional frente a los impactos en la salud y el medio ambiente, y la permisividad de la expansión descontrolada de las ‘macrogranjas’, a pesar de los reiterados daños demostrados.
Durante las vistas judiciales, los peritos presentaron pruebas con las que demostraban que los niveles de contaminación por nitratos en el embalse y la cuenca del río Limia han llegado incluso a superar en 1.000 veces lo permitido. Los nitratos son un factor de riesgo reconocido de diversos tipos de cáncer, como el de tiroides, mama, ovario, estómago, páncreas y vejiga. Los peritos también presentaron evidencias de la presencia de superbacterias resistentes a antibióticos, consideradas una de las diez principales amenazas para la humanidad.
Sentencia:
“Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes. Asi un medio ambiente sostenible es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, y al agua potable y el saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo«.
Este caso histórico marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales frente a la contaminación de acuíferos ocasionada por la ganadería industrial.
El mismo se basa en la Constitución española, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en normativa medioambiental europea y estatal para demostrar que las autoridades han incumplido su obligación legal de proteger a la población frente a los daños provocados por la contaminación del río Limia y del embalse de As Conchas.
El fallo envía un mensaje claro a las autoridades que permiten las ‘macrogranjas’ y la contaminación que conllevan:
Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y demandante:
“Después de tantos años de lucha incansable, de sentirnos abandonadas y abandonados, ignorados por quienes debían protegernos, hoy por fin nos han escuchado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido lo que llevamos tanto tiempo denunciando: nuestros derechos han sido vulnerados por la inacción de las administraciones frente a la contaminación de la ganadería industrial”.
“Esta sentencia histórica nos hace más fuertes. No vamos a parar hasta que el embalse
vuelva a ser un lugar de vida, donde podamos pasear, nadar y beber sin miedo. Seguiremos presionando para que las autoridades cumplan con su responsabilidad y pongan en marcha soluciones reales, no promesas vacías”.
“Y sobre todo, soñamos que esto marque un antes y un después para muchas otras comunidades en Europa, que sepan que no están solas, que sí se puede, que la justicia, a veces, llega. Hoy celebramos, ya no nos podrán callar”.
Mercedes Álvarez de León, demandante y empresaria local:
“Es un gran alivio y una alegría inmensa. Ya estábamos totalmente desesperados y por fin se reconocen todos estos años de angustia y sufrimiento. En la vista judicial se demostró la gravedad de la situación en la zona, los altos niveles de contaminación de los acuíferos y el riesgo que suponen para mi salud y la de mi familia. La situación nos afectó enormemente hasta el punto de no poder hacer una vida normal”.
“Tras años de ser ignorados por las autoridades locales, por fin se hace justicia. Espero que algún día nuestra vida y la de nuestros hijos vuelva a ser la que era. Además esta sentencia ayudará a más comunidades como la nuestra a defender sus derechos. Es sumamente preocupante saber que nos han tratado como una «zona de sacrificio», saber que han vulnerado nuestros derechos fundamentales. Quiero que este caso sirva de lección a las administraciones de toda España y Europa: es su responsabilidad proteger a su gente y recuperar el control ante la contaminación de la ganadería industrial. Ahora quiero que nuestra lucha sirva como ejemplo para que se escuche a otras comunidades, que no se callen y luchen por sus derechos”.
Nieves Noval, abogada de ClientEarth:
“El fallo decisivo de hoy marca el inicio del camino hacia la justicia para los demandantes, que llevan años sufriendo sin la protección de sus autoridades. También representa una oportunidad sin precedentes para las comunidades que viven en las llamadas ‘zonas de sacrificio’ en toda Europa”.
“No se puede obligar a las comunidades locales a cargar con el peso de la contaminación provocada por la ganadería industrial. Las autoridades tienen la obligación legal de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, y deben cumplirla.”
“Este caso no se limita a Galicia; estos focos de contaminación están presentes en todas partes. Seguiremos apoyando a las personas que viven en “zonas de sacrificio” para exigir un cambio sistémico en nuestros sistemas alimentarios y para proteger sus derechos fundamentales”.
Impulsada por los mercados de exportación, modelos de producción baratos y una débil regulación ambiental, la expansión descontrolada de la producción intensiva de carne de cerdo en las últimas dos décadas ha tenido impactos devastadores en toda España.
En los 12 meses previos a febrero de 2025, se sacrificaron más de 53 millones de cerdos, lo que convierte a España en el principal productor de carne porcina de la UE, y el tercero a escala mundial. A pesar de décadas de evidencia, las autoridades locales y el gobierno español han seguido respaldando la expansión de este modelo intensivo, incluso en zonas que ya sufrían estrés hídrico y contaminación por nitratos.
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra:
“Esta sentencia es una victoria sin precedentes frente a la ganadería industrial. Estamos muy esperanzadas por está nueva vía que se abre para todas las comunidades afectadas por la contaminación procedente de macroexplotaciones ganaderas. Por fin la población de As Conchas puede respirar tranquila, después de tantos años soportando un ambiente insalubre”.
“Ahora las administraciones tendrán que tomar medidas y estaremos vigilantes para lograr que se cumplan. Necesitamos un plan de reducción de la ganadería industrial y facilitar la transición hacia una ganadería extensiva, la agroecología y modelos que respeten los límites de los ecosistemas y contribuyan a mantener un mundo rural vivo. Las administraciones deben velar por los derechos y la salud de la ciudadanía, y no dejaremos de reivindicarlo y apoyar a las comunidades locales que lo necesiten”.
David Sánchez, director de CECU:
“Hoy es un día histórico para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Las autoridades son, efectivamente, las responsables de que las actividades de la industria no afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esperamos que esta sentencia marque el principio del fin a situaciones que dificultan o incluso impiden a la población del medio rural beber agua de los grifos en sus domicilios y que se haga justicia en estos casos de contaminación”. ECOticias.com
