Activistas ecologistas han desplegado pancartas en los puentes del Judío y de los Vinateros en Sevilla para mostrar su rechazo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar y la construcción de una tubería de 30 km que transportaría vertidos tóxicos hasta el Estuario del Guadalquivir.
El proyecto, que fue autorizado por la Junta de Andalucía, podría verter más de 85500 millones de litros de aguas altamente contaminadas con metales pesados como plomo, níquel, arsénico, cadmio, selenio, zinc y mercurio.
Estas denuncias se basan en el desastre ecológico de 1998 provocado por esta misma empresa, que sentó un precedente en la historia de los ecocidios de España, cuando la rotura de una balsa de residuos vertió de lodos tóxicos de forma masiva, contaminando el río Guadiamar y llegando cerca de Doñana.
La tubería tóxica de Aznalcollar es denunciada por los ecologistas en Sevilla
Los ecologistas han denunciado graves incumplimientos legales en los procesos de expropiación vinculados al proyecto de la empresa Minera Los Frailes, que pretende instalar una tubería de 30 kilómetros para conducir vertidos tóxicos desde la mina de Aznalcóllar hasta el Estuario del Guadalquivir, frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Este domingo, activistas de ambas organizaciones han desplegado pancartas en los puentes del Judío (en Valencina de la Concepción) y de los Vinateros (en Santiponce), sobre la Vía Verde de Itálica de Santiponce, para visibilizar su rechazo al proyecto de reapertura de la mina y a la construcción de dicha infraestructura.
El proyecto, autorizado por la Junta de Andalucía el pasado 29 de mayo, contempla un vertido inicial de 18 meses de 17.520 millones de litros de aguas altamente contaminadas acumuladas en las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes desde 2001.
A esto se suma un vertido continuo durante 17 años de 4.000 millones de litros anuales procedentes de una nueva planta de tratamiento mineral. En total, más de 85.500 millones de litros de aguas contaminadas llegarían al Estuario del Guadalquivir.
Las aguas podrían arrastrar metales pesados como níquel, arsénico, plomo, selenio, zinc, cadmio y mercurio.
Las organizaciones ecologistas alertan además de las irregularidades que se están produciendo en los procesos de expropiación forzosa y ocupaciones urgentes, regulados aún por la ley franquista de 1955 y su reglamento de 1957.
Se suman las denuncias y manifestaciones
Denuncian que dichos procedimientos se han iniciado sin que la empresa cuente con la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para disponer y vaciar las aguas contaminadas almacenadas en las cortas mineras.
Durante los meses de julio y agosto se publicaron en boletines oficiales los anuncios de convocatoria de actas previas a la expropiación y ocupación urgente de 249 parcelas en los municipios sevillanos de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina de la Concepción, Olivares, Salteras y Santiponce, previstas entre el 3 y el 6 de noviembre.
Sin embargo, los Ayuntamientos de Olivares, Salteras y Santiponce no han publicado en sus tablones físicos municipales la información relativa a estos procedimientos, incumpliendo las obligaciones legales de información pública.
El pasado 23 de octubre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó un listado de 88 personas propietarias afectadas, de las cuales 79 corresponden precisamente a los municipios que no han cumplido con sus deberes de comunicación pública.
Los ecologistas recuerdan que el vertido proyectado tendría graves consecuencias sobre varios Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, que forma parte de la Red Natura 2000, así como sobre el Espacio Natural de Doñana, ya amenazado por múltiples impactos ambientales.
Por estas razones, varias organizaciones interpusieron el pasado mes de julio un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la resolución que autorizó la reapertura de la mina.
En dicho recurso se advertía que el vertido al estuario no ha sido debidamente evaluado ni sometido al proceso de participación pública exigido por la normativa vigente, y que podría vulnerar la legislación estatal en materia de calidad de aguas y protección de espacios naturales.
El recurso incorporaba además cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de universidades andaluzas, en los que se expresan serias dudas sobre la seguridad del vertido y la gestión de las aguas contaminadas.
En el más reciente, fechado el 22 de junio de 2025, se documentan episodios de contaminación procedente del recinto minero hacia el río Agrio tras las lluvias de primavera, evidenciando deficiencias en el control de vertidos incluso antes del inicio del proyecto.
Las organizaciones advierten que el Estuario del Guadalquivir es un ecosistema frágil de alta biodiversidad, ya afectado por contaminación por metales pesados.
Por ello, reclaman que cualquier nuevo vertido sea evaluado con máximo rigor y transparencia, de acuerdo con el principio de precaución.
En consecuencia se exige la paralización inmediata de las autorizaciones relativas a este proyecto minero y al vertido asociado, al considerar que representa una amenaza directa para los ecosistemas del estuario, así como para actividades económicas sostenibles como la agricultura del Bajo Guadalquivir y la pesca artesanal en la desembocadura del río.
Las organizaciones ecologistas argumentan que los impactos ambientales y socioeconómicos que podría ocasionar este vertido no han sido evaluados de manera adecuada y que las consecuencias podrían ser nefastas para la agricultura, la pesca, el ocio y la salud de los vecinos
Han llevado a cabo protestas y denuncias, que han incluido acciones de activistas en el río Guadalquivir y manifestaciones con pancartas por varias localidades sevillanas, para exigir el veto a dicho vertido y denunciar las irregularidades vinculadas a la tubería. Seguir leyendo en: ECOticias.com
