Grupos ecologistas y ciudadanos se movilizarán contra cualquier trasvase desde el Tajo medio

El 7 de octubre la Junta de Extremadura ha licitado en el Diario Oficial de la Unión Europea un estudio de viabilidad de un trasvase desde el embalse de Valdecañas en Extremadura al Levante Español y al Guadiana. Es sorprendente que la Junta de Extremadura, que no tiene ninguna competencia en planificación y gestión de la cuenca del Tajo, esté invirtiendo 450.000 euros en este estudio. Además, responsables de la Confederación del Tajo y del Ministerio de Medio Ambiente lo han confirmado en varias declaraciones.

Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo alertan sobre el impacto que tendrá este trasvase, que es equiparable al malogrado trasvase del Ebro, y anuncian que están dispuestos a movilizar a la sociedad para evitarlo. El trasvase del Tajo medio implicaría una grave reducción de los caudales del Tajo en sus tramos medio y bajo, ya de por sí muy mermados por el trasvase de la cabecera, e incapaces de asimilar la contaminación de Madrid. A la vez que su ejecución afectaría a decenas de espacios naturales catalogados. Recordar que el embalse de Valdecañas es un espacio protegido, una ZEPA para aves acuáticas, y por tanto el gobierno extremeño no puede disponer del agua a su conveniencia. Además, este tiene ya abierto un expediente de infracción ante la Comisión Europea por degradación de este espacio. Por otra parte el Tajo se encuentra en estos momentos en un estado ambiental desfavorable, por contaminación y con los caudales ecológicos insuficientes, lo que hace que incluso sea inaceptable en la actualidad el trasvase de agua desde los embalses de cabecera hacia el Levante.

Los grupos firmantes exigen al gobierno y a las comunidades autónomas que abandonen todos los proyectos de trasvases y se concentren en mejorar el estado de nuestros ríos, en reducir el consumo de agua y en buscar las soluciones para su disponibilidad dentro de cada una de las cuencas hidrográficas siempre anteponiendo las necesidades ambientales y de abastecimiento doméstico frente a otros usos como el agrícola o el industrial.

Directiva Marco del Agua

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La Directiva Marco del Agua (DMA) obliga a España a tener los ríos en buen estado ecológico en 2015, a evitar cualquier deterioro adicional de los mismos, y a aprobar en 2009 los planes hidrológicos de cada cuenca que nos ayuden a alcanzar estos objetivos. Los planes se están elaborando con considerable retraso, las administraciones españolas, en vez de cumplir con estos compromisos, estudian trasvases al margen de los planes, que nos alejarán cada vez más de los objetivos de esta Directiva. Además, la DMA obliga a que los usuarios paguen por los costes del agua, por lo que los gastos de esta faraónica obra harían inasumible su utilización para regadío, tal como se pretende por las regiones receptoras del agua.
Giro peligroso en la política de agua del Gobierno

Con el estudio de un trasvase desde el Tajo medio al Guadiana y a las cuencas mediterráneas, el Gobierno de España renuncia a una política sostenible en materia de aguas que se inició con la derogación del trasvase del Ebro por el Gobierno. Esta política, que salvo en la apuesta por la desalación que no alcanzó un consenso suficiente, fue apoyada por los grupos ecologistas y ciudadanos al traer consigo una nueva perspectiva en la gestión del agua y de los ríos en España,
Pero ahora, la nueva política del gobierno propone regresar a la vieja cultura del agua de los trasvases y regadíos para todos, a costa de destruir los ríos al ceder a las reclamaciones desmedidas de las comunidades autónomas.

Por ello, los grupos firmantes solicitan a Zapatero que rechace este trasvase como hizo con el del Ebro, e imponga una política del agua caracterizada por la sostenibilidad y la salvaguarda de los recursos naturales ligados a los ríos como único medio de garantizar las necesidades humanas de agua de cara al futuro, frente a la política desarrollista que había caracterizado la gestión del agua durante el siglo XX. Además, reclaman a los Gobiernos de Extremadura y de Castilla-La Mancha un compromiso claro y rotundo contra el trasvase y que dejen de usar esta infraestructura y el Tajo como moneda de cambio para reivindicaciones interesadas.

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