España comunicó en 2006 a Bruselas que no se había elaborado más que el 35,2% de todos los planes de emergencia externos exigidos. El Ejecutivo comunitario llegó así a la conclusión de que las autoridades españolas incumplían la normativa europea y denunció el caso ante el TUE.
En sus conclusiones, la abogada general admite que la directiva en cuestión no fija plazos claros para la elaboración de los planes de emergencia externos, con las medidas que deben adoptarse fuera de las industrias para casos de accidentes con sustancias peligrosas. No obstante, señala que los Gobiernos deben cumplir sus obligaciones «dentro de un plazo razonable».
En este sentido, el dictamen concluye que España «ha dispuesto de tiempo suficiente para elaborar dichos planes». Las autoridades españolas justificaron la falta de planes de emergencia externos alegando que las autoridades competentes debían esperar primero a recibir los planes de emergencia internos y la información que tenían que proporcionarle los industriales. Pero la abogada general rechaza este argumento y propone que se condene a España.
Las conclusiones de la abogada general no vinculan al TUE. Su función consiste en proponerle, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces comienzan ahora sus deliberaciones sobre el caso y la sentencia se dictará en un momento posterior.
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