Mientras las crisis económicas de antes del Euro se solucionaban con unas devaluaciones de la peseta o del dracma, ahora se despachan con unos duros ajustes sobre los servicios públicos, los pensionistas y hasta con las personas dependientes. Curiosamente, la gran mayoría de la prensa y de los expertos afirman que no hay más remedio que apretarnos el cinturón de esta manera.
Es evidente que la economía española vivía en una burbuja irreal y especulativa durante muchos años, lo que ahora nos obliga a una clara austeridad en el gasto público y en el consumo en general. Pero aún así, nos podemos preguntar si sería posible una respuesta anti-crisis practicable y eficaz que fuera a la vez mas justa y más ecológica. Y la respuesta es que si, aunque la actual voluntad política de nuestros gobernantes parece mirar hacia otro lado.
Según muchas opiniones cualificadas, el déficit del estado podría beneficiarse de más presión fiscal sobre las actividades contaminantes para aliviar así la intensificación de la presión fiscal sobre los sueldos. Existen un sinfín de actividades muy contaminantes y nada rentables que se mantienen solo porque reciben grandes y continuadas subvenciones públicas año tras año, como es la minería de extracción del sucio carbón y su quema en centrales térmicas para la producción de electricidad. Que sea el propio Estado quien impulse y siga reflotando económicamente estas peligrosas actividades carece de toda cautela y sensatez dada su alta contribución a la destrucción de ecosistemas locales de montaña con alto valor en biodiversidad, y dada su alta participación en el calentamiento global del clima. Esta economía mortecina artificialmente mantenida con los impuestos ciudadanos este año recibirá más de mil millones de ayuda del Estado para mantener menos de 5 mil empleos (más de 85 mil euros por cada empleo minero, todo un lujazo aristocrático de despilfarro para las debilitadas arcas públicas). En este caso el agente económico que amenaza nuestro clima y nuestra salud no son las libres fuerzas del mercado, sino el propio Estado.
También se podrían recortar las cuantiosas subvenciones agrícolas a las explotaciones más químico-intensivas, que envenenan con pesticidas y nitratos las aguas, las tierras fértiles y los alimentos que consumimos. Las ayudas deberían redirigirse desde criterios acoplados: sociales y ambientales, y pasar de las grandes explotaciones agrarias y propietarios con altas rentas hacia los pequeños productores locales, los que al tiempo que producen alimentos de alta calidad nutritiva y ecológica a la vez se convierten en guardianes de la naturaleza al regenerar y proteger los ecosistemas agrícolas, y establecen una relación más próxima con los consumidores. En época de crisis como la actual, es precisamente un momento apropiado para reconocer estas incongruencias y acometer las reformas estructurales necesarias para los desafíos socio-ecológicos del presente y futuro.
En cuanto a las obras públicas, no és lógico que se siga con el mismo ritmo de construir más autovías y de promocionar el uso del coche privado con motores de combustión de derivados del petróleo. Si se declarara una moratoria sobre la construcción de nuevas autovías, se podría ahorrar mucho y se podrían concentrar parte de los recursos del Estado en el transporte público, el que da un trato más benigno a los bienes naturales comunes. Con ello ganaría el clima y el bolsillo de las personas más necesitadas.
En el campo energético sufrimos las consecuencias de un superavit de producción de energía y de nuevos proyectos a consecuencia de la miope megalomanía de los últimos decenios. Plantear ahora, como hace el Sr.Felipe González, el renacimiento de la carísima energía nuclear resulta un disparate que está totalmente fuera de cualquier lógica económica realista. Además, también hay que paralizar muchos proyectos en marcha de plantas de producción eléctrica mediante ciclos combinados de gas, como los de Asturias y otras comunidades, y cerrar de una vez las centrales térmicas de carbón más inactivas. Cuesta mucho más dinero a los contribuyentes el mantener las humeantes plantas abiertas que queman los muy contaminantes combustibles fósiles, que generar empleo en otros campos socialmente más útiles e intensivos en mano de obra y ambientalmente más bondadosos. Para conjugar una política social y verde, este dinero seria mucho mejor gastado en ayudas a una multitud de pequeñas obras domésticas e industriales de eficiencia y ahorro energéticos.
Para defender la sanidad pública urge rebajar más el enorme gasto público farmacéutico. Las patentes privadas sobre los medicamentos de las grandes empresas farmacéuticas pesan como una losa sobre el presupuesto de la Seguridad Social. En tiempos de crisis de las cuentas del Estado la promoción de medicamentos genéricos debe tener absoluta prioridad por encima de las estrictas reglas de la propiedad intelectual. Urge aliviar la asfixiante presión de los lobbies de «la salud» para salvar la salud pública de la ruina. Incluso se debería considerar la concesión de «licencias obligatorias» (que obvian las patentes) para fabricar ciertas medicamentos genéricos en contra del cáncer y el SIDA, además de «premios a la innovación» para sacar adelante nuevos avances en medicinas genéricas con patentes públicas. También, se debería lanzar una seria campaña en contra de la sobremedicación tanto de cara al público como hacia los mismos profesionales de la medicina. La actual crisis económica también puede servir para fomentar unos hábitos de vida más saludables.
Otro recorte obvio y sustancial podría darse en los gastos militares, sobretodo en la compra de nuevos aviones y barcos. También se deberían eliminar muchas trampas fiscales que permiten a las personas más ricas en ingresos económicos, como son los grandes futbolistas de alta competición, pagar menos impuestos.
También, para avanzar en la eliminación de los gastos públicos más inmorales, se puede empezar por cortar todas las partidas presupuestarias para las corridas de toros y otras fiestas que incluyan el maltrato animal en nombre de la diversión y el entretenimiento.
La banca debe ser la primera en hacer sacrificios con un límite sobre sus espectaculares beneficios, con unos controles draconianos sobre operaciones especulativas y unos verdaderos fines sociales para las Cajas de Ahorro. Huelga decir que hay que imponer una mayor transparencia al sector bancario español. A escala europea y mundial se debería instaurar una tasa sobre las transacciones bursátiles y otro impuesto global sobre las emisiones de CO2 en el comercio internacional. Lo que no puede ser es que los estados salven a la banca y sus beneficios con el dinero público, mientras la cuentas públicas se van hacia la ruina.
Finalmente, todos y todas debemos admitir la necesidad de consumir menos pero mejor, tanto por la crisis económica como por la ecológica, las dos cabalgan a la vez y las dos muestran sus temibles consecuencias por todos los lados, y por ello estamos ante la oportunidad de diseñar cambios estructurales de fondo para intentar dar inteligentes y complementarias respuestas a ambas. La urgencia de la crisis económica no puede dejar en el olvido las necesidades imperiosas de la vida que muere y se esquilma por cada rincón del planeta. Las leyes ambientales han de avanzar al igual que ha de crecer el enorme potencial de una economía verde respetuosa con el mundo viviente y la salud de nuestros cuerpos y nuestras vidas. La cruda realidad es que no podemos seguir con el voraz y adictivo consumo actual, y la única opción económica razonable, deseable y posible es un decrecimiento organizado, equitativo y verde.
DAVID HAMMERSTEIN
