La postura del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ante el conocido como greenwashing es clara y contraria y la mantiene ante el «ecopostureo» de las aerolíneas que abogan por llevar a cabo estas prácticas que no son ciertas y en las que se ofrece una imagen pública «no real» de compromiso con el medio ambiente.
A través de una carta que han dirigido al sector de la aviación, desde este ministerio se demanda que las aerolíneas sean más rigurosas en las afirmaciones medioambientales que emplean a la hora de hacer sus comunicados publicitarios y comerciales y se comprometan con la legislación de protección de las personas consumidoras.
Esta misiva forma parte de una iniciativa de la red internacional ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), donde se incluyen más de 70 autoridades de protección a las personas consumidoras de todo el mundo y en la que participa el Gobierno de España.
España se muestra contrario al ‘greenwashing’ de las aerolíneas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha firmado una carta dirigida al sector de la aviación para luchar contra el «greenwashing» (o «ecopostureo») en las aerolíneas, es decir, contra las prácticas engañosas que algunas empresas llevan a cabo para ofrecer una imagen pública respetuosa con el medio ambiente que no se corresponde con la realidad.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha llevado a cabo esta acción internacional a través de la Dirección General de Consumo junto a 35 países representados en diferentes autoridades de protección a los consumidores. En la carta se exige a las aerolíneas rigor en las afirmaciones medioambientales que utilizan en su comunicación comercial y reforzar así el cumplimiento de la legislación de protección de las personas consumidoras.
La misiva ha sido impulsada por la red internacional ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), una organización que engloba a más de 70 autoridades de protección a las personas consumidoras de todo el mundo y en la que participa el Gobierno de España a través de Consumo. En esta acción concreta, además de la administración española, participan un total de 16 autoridades de consumo entre las que se incluyen países europeos como Bélgica, Dinamarca y Noruega; países de América Latina como Colombia, Chile y Perú; y países de África Oriental y Austral representado en la unión aduanera COMESA, en la que se encuentran naciones como Kenia, Angola y Etiopía.
Recomendaciones a las compañías aéreas para evitar el ‘greenwashing’
A través de la carta enviada por estas autoridades internacionales de Consumo, se recuerda a las compañías aéreas que no se debe engañar a sus usuarios y usuarias sobre cuestiones medioambientales y se les traslada una serie de recomendaciones orientadas a asegurar que las comunicaciones que hagan en materia de medio ambiente cumplan con las normas de protección a las personas consumidoras. Entre estas recomendaciones destacan:
- Las comunicaciones que se hagan deben ser veraces, claras y precisas y deben estar respaldadas por pruebas científicamente sólidas y fiables.
- Deben evitarse términos vagos como «ecológico» o «sostenible» que puedan inducir a error sobre el impacto medioambiental real.
- No deben exagerarse beneficios medioambientales de cambios menores.
- Deben explicarse claramente cuál es el impacto, las incertidumbres y las limitaciones de los sistemas de compensación de carbono.
- No se deben destacar en las comunicaciones aspiraciones futuras inciertas como ser «climáticamente neutros», solo medidas específicas que ya se hayan adoptado, o a las que estén en curso, indicándolo así.
- La comunicación sobre el combustible de aviación sostenible (SAF) debe ser claras, precisa y no engañosa. El sector de la aviación considera que este combustible es un método clave para reducir las emisiones netas de carbono, pero es necesario que se proporcione información adicional para contextualizar su alcance en la reducción de emisiones.
Esta acción, realizada en el marco de la ICPEN, forma parte del compromiso del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para garantizar una información veraz y transparente a los consumidores, una cuestión de especial relevancia cuando afecta a sectores estratégicos como el del transporte aéreo, donde las decisiones de consumo tienen un elevado impacto económico y medioambiental.
