Las futuras crisis incendiarias representan una amenaza significativa para la biodiversidad, la salud pública y las comunidades humanas. Para abordar este desafío, es fundamental implementar soluciones integradas y preventivas que combinen tecnología, educación y políticas eficaces.
En este sentido, la prevención mediante la gestión adecuada de los recursos naturales es esencial., así como un cambio en la política fiscal relativa a la gestión de los bosques o el apoyo a la ganadería extensiva. Aspectos que se contemplan en la propuesta del PP y que en, con salvedades, ven con buenos ojos algunas organizaciones ecologistas.
La propuesta del PP para prevenir incendios como los vividos este mes
Para los colectivos ecologistas, el Partido Popular debería abandonar definitivamente el negacionismo climático, asumir su responsabilidad en las comunidades donde gobierna y comprender el funcionamiento del sistema nacional de emergencias. El apoyo a las poblaciones afectadas, una reforma fiscal favorable a la gestión forestal o el respaldo a la ganadería extensiva son medidas acertadas y necesarias en este sentido como apuntan estas organizaciones.
A su juicio, los partidos políticos ya tienen sobre la mesa las soluciones consensuadas por gran parte del sector forestal, los expertos en extinción, el mundo académico y la sociedad civil. Ante el plan presentado ayer por el Partido Popular (PP) para abordar futuras crisis incendiarias como las que estamos viviendo durante el verano de 2025, los ecologistas valoran que, mientras que algunas de las 50 medidas que proponen son relevantes, necesarias y urgentes, varias ya existen y están contempladas en la legislación vigente y otras ya están funcionando o han sido puestas en marcha.
Las organizaciones ven con preocupación la formulación de propuestas anecdóticas que desvían la atención del verdadero debate de las causas y soluciones al problema, la ausencia notable de medidas que aborden problemas estructurales como el abandono del medio rural y la necesaria adaptación de los ecosistemas españoles al cambio climático, así como el olvido de propuestas concretas que la sociedad civil le ha hecho llegar relacionadas con las partidas presupuestarias, la fiscalidad forestal o la consideración de singularidad de los paisajes forestales españoles.
Las propuestas contenidas en el plan van dirigidas al Gobierno central y a las comunidades autónomas, propuestas que no ha llevado a cabo el PP en las comunidades donde gobierna. También obvia los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente y la normativa actual, como la Ley de Montes y la Norma Básica de Protección Civil, que determinan de forma precisa quién debe actuar, con qué medios y en qué niveles de emergencia.
Respecto a la propuesta de un registro nacional de pirómanos, consideran que es un parche que no resuelve las causas que originan los incendios, como muestran las memorias de la Fiscalías de Medio Ambiente: en el periodo 2019-2023, el 68,79 % de los incendios fueron originados por accidentes y negligencias, un 23,98 % fueron intencionados, y dentro de ese porcentaje, hay un porcentaje muy pequeño de piromanía, un trastorno mental que llega a ser un eximente en el Código Penal.
Alguna idea a favor
Por otro lado, celebran que el texto mencione el cambio climático y apuntan a que es necesario aplicar medidas ambiciosas que reduzcan las emisiones a cero lo antes posible y frenen el avance del cambio climático. Estos episodios extremos muestran que la falta de ambición climática y la insuficiente reducción de emisiones de los planes hasta ahora aprobados tienen consecuencias mortales. En este sentido, esperan que el PP contribuya al próximo pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Los ecologistas también valoran positivamente que haya medidas vinculadas a la restauración. Justo se ha cumplido un año desde la aprobación del Reglamento de la Restauración de la Naturaleza, a la que el PP se opuso en su momento, frente a lo cual más de 3.000 científicas/os expresaron su preocupación por las inexactitudes y la desinformación difundidas, incluidas las falsas amenazas para la seguridad alimentaria y el empleo.
Asimismo, destacan que el apoyo a las poblaciones afectadas, una reforma fiscal favorable a la gestión forestal o el respaldo a la ganadería extensiva son medidas acertadas y necesarias.
En definitiva, aunque con aspectos positivos, consideran que es un plan incompleto y con falta de conocimiento por parte de responsables y portavoces del PP de las competencias autonómicas en esta materia.
En opinión de estos activistas, si de verdad quiere hacer una aportación constructiva, el PP debería llevar sus propuestas al Consejo Nacional del Clima, que es donde debería debatirse el pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, para que entre todos los partidos y entidades allí representados se acuerden, como mínimo, las medidas que son de consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales y permitan sumar fuerzas contra la emergencia climática y los incendios forestales. Un pacto de Estado que debería incluir de manera muy prominente la lucha contra los incendios forestales.
