En medio de las crecientes crisis geopolíticas, socioeconómicas y ecológicas, la política industrial ha vuelto a ocupar un lugar central en los debates políticos. Sin embargo, el marco de política industrial de la UE —centrado en la resiliencia del mercado único, la autonomía estratégica y la sostenibilidad competitiva— contiene contradicciones que se autodestruyen.
Si bien busca la resiliencia, no logra fortalecer las instituciones fundacionales no mercantiles; al buscar la autonomía estratégica, exacerba la dependencia de los recursos y las tensiones ecoimperialistas; y al promover la sostenibilidad competitiva, sigue dependiendo de estrategias del sector privado con ánimo de lucro que retrasan las transiciones necesarias.
Para superar la brecha entre las limitaciones actuales y el cambio transformador, utilizamos la resolución crítica de problemas para delinear los siguientes pasos de transición, controvertidos pero viables, dentro del orden político-económico actual. Al integrar conocimientos sobre el poscrecimiento en la política industrial, este artículo ofrece una hoja de ruta para alinear la actividad económica con los límites planetarios y el bienestar social.
Política mercantil de la UE: el cambio es la clave
La estrategia industrial de la Unión Europea, centrada en la resiliencia del mercado único, la autonomía estratégica y la sostenibilidad competitiva, presenta contradicciones notables que podrían agravar las mismas crisis que busca resolver.
Según un estudio reciente del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), la actual política industrial de la Unión Europea no logrará alcanzar sus propios objetivos a menos que se rediseñe por completo.
La resiliencia del mercado solo puede alcanzarse fortaleciendo sectores esenciales como la salud, la vivienda, los cuidados y el transporte público, que representan cerca del 40 % del empleo en Europa. El estudio advierte que dicha resiliencia seguirá siendo inalcanzable a menos que se apueste por la inversión pública, unas mejores condiciones laborales y una formación profesional orientada a las necesidades sociales.
La investigación, liderada por Jason Hickel (ICTA-UAB), Richard Bärnthaler (Universidad de Leeds) y Sebastian Mang (New Economics Foundation), sostiene que la autonomía estratégica requiere una reducción sustancial de la demanda de materiales y energía.
Las políticas actuales, como la Ley europea de materias primas fundamentales, promueven una expansión de la extracción de recursos, lo que podría intensificar las tensiones geopolíticas y provocar conflictos internos en torno a las actividades extractivas.
Basándose en los resultados de escenarios de baja demanda de energía, el estudio destaca que Europa podría reducir a la mitad su demanda de energía en el año 2050, lo que haría posible la independencia energética y reduciría significativamente la dependencia de las importaciones.
Además, la investigación critica el enfoque actual hacia la transición verde, el cual se basa en incentivos al sector privado mediante subsidios, garantías públicas y desregulación. «Este modelo fomenta la innovación, pero no contempla la eliminación deliberada de tecnologías e infraestructuras contaminantes, lo que perpetúa una inercia estructural», indica Jason Hickel, investigador del ICTA-UAB.
Faltan mecanismos eficaces
Actualmente, la Unión Europea carece de mecanismos eficaces para eliminar sectores con altas emisiones, realinear el capital privado con prioridades públicas y orientar la producción hacia el bienestar colectivo. Los investigadores subrayan que, sin una mayor planificación pública, orientación del crédito y una ampliación de la propiedad estatal, especialmente en los sectores energético y financiero, la transición ecológica será demasiado lenta, fragmentada y dependiente de la lógica del beneficio.
«Estamos en un siglo marcado por múltiples crisis: climática, social, energética y geopolítica. La política industrial ha vuelto, pero no está preparada para enfrentar este escenario. No hay una estrategia coherente para reforzar los servicios públicos esenciales ni para reducir significativamente el uso de materiales y energía», declaró Richard Bärnthaler, profesor adjunto en la Universidad de Leeds.
Jason Hickel advirtió que «la eficiencia no basta en economías orientadas al crecimiento. Los avances tecnológicos suelen ser anulados por aumentos en la producción. Si Europa realmente quiere descarbonizarse y ganar autonomía, debe reducir directamente los sectores intensivos en recursos que no sean prioritarios. La política industrial actual no lo está abordando».
Por su parte, Sebastian Mang, economista político en la New Economics Foundation, señaló que «la Unión Europea dice querer resiliencia, autonomía y sostenibilidad, pero está usando las herramientas equivocadas. Se necesitan una inversión pública ambiciosa, coordinación entre bancos centrales y gobiernos, y control democrático sobre la asignación de recursos. Sin poner el cuidado, el clima y la equidad en el centro, esta política industrial seguirá desviada de su rumbo».
Como propuesta, los autores instan a replantear la estrategia industrial europea en torno a tres prioridades fundamentales: fortalecer sectores esenciales como los cuidados, el transporte público y la vivienda asequible; integrar la reducción de la demanda como principio estructural para garantizar la autonomía estratégica, y ampliar la planificación económica verde mediante instrumentos como la orientación del crédito público, la coordinación monetario-fiscal, una mayor capacidad fiscal y una ampliación de la propiedad estatal, especialmente en energía y finanzas.
