Durante años, la luz de la mayoría de los hogares y empresas peruanas ha dependido de dos pilares muy claros. Primero, las hidroeléctricas, que aportan en torno a la mitad de la electricidad del país. Después, las centrales térmicas a gas natural, que suman cerca del 40 por ciento de la generación.
El problema es que los números oficiales del propio Ministerio de Energía y Minas empiezan a decir otra cosa. El nuevo Libro de Recursos de Hidrocarburos 2024 muestra que las reservas probadas de gas natural cayeron alrededor de un 9,5 por ciento en 2024 y solo alcanzarían para unos 13 años más al ritmo actual de consumo.
Traducido a la práctica, si nada cambia, buena parte de las centrales que hoy sostienen la red podrían quedarse sin combustible dentro de poco más de una década. Y eso se puede notar en la seguridad del suministro y, tarde o temprano, en la factura de la luz.
Gas barato, reglas viejas
En paralelo, el país tiene sobre la mesa una ley pensada precisamente para diversificar la matriz y abrir espacio a más energía solar y eólica. Es la Ley 32249, que modifica la histórica Ley 28832 e introduce herramientas como licitaciones por bloques horarios y un mercado de servicios complementarios para garantizar frecuencia y voltaje en la red.
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Sobre el papel, esta norma debería facilitar la entrada de nuevas tecnologías renovables en condiciones competitivas. Sin embargo, casi un año después, varios de sus reglamentos siguen pendientes o solo prepublicados, de modo que muchas de sus disposiciones son todavía “letra muerta” en el día a día del sistema eléctrico.
En ese vacío regulatorio, las centrales termoeléctricas a gas parten con ventaja. Expertos como el exviceministro de Electricidad Jaime Luyo denuncian que estas plantas se benefician de precios deprimidos del gas de Camisea y de exoneraciones ambientales que no reflejan sus impactos reales. Esa combinación hace que la competencia no sea del todo pareja para los proyectos solares y eólicos que intentan entrar en el mercado.
Un sistema que ya pide más sol y viento
Otro dato clave que suele quedar fuera del debate es cómo ha cambiado la demanda. Luyo recuerda que, desde 2020, los picos de consumo del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional se concentran en las horas del día, justo cuando más energía puede aportar la solar fotovoltaica.
En otras palabras, cuando sube el uso de aire acondicionado, maquinaria y oficinas, también brilla el sol. No es un detalle menor. Significa que la solar ya no es simplemente “energía barata al mediodía”, sino una herramienta directa para cubrir la punta de demanda y reducir la presión sobre las hidroeléctricas en épocas de sequía.
Aun así, la participación de renovables no convencionales como la solar y la eólica apenas ronda el 10 por ciento de la generación eléctrica, frente a alrededor del 38 por ciento que ya alcanzan en Chile. Con este nivel tan bajo, los especialistas coinciden en que hay margen de sobra para seguir integrando renovables si se acompaña con reglas claras y servicios complementarios que estabilicen la red.
El propio World Energy Council sitúa a Perú en el puesto 41 de su Energy Trilemma Index y reconoce una matriz relativamente limpia, pero advierte que la diversificación renovable avanza “a paso lento” y que la fuerte dependencia de hidroeléctricas lo deja expuesto a sequías cada vez más extremas.
Reglamentos que no llegan y miles de megavatios en pausa
La otra cara del problema está en la inversión que no despega. Según la Asociación Peruana de Energías Renovables, hay identificados 58 proyectos solares y eólicos, unos 12,5 gigavatios de potencia y más de 12 000 millones de dólares en inversión, esperando una señal clara del Gobierno.
Esa cartera podría cubrir gran parte del crecimiento de la demanda eléctrica hasta 2030 y reducir la necesidad de nuevas centrales a gas. Sin embargo, mientras no se aprueben los reglamentos completos de la Ley 32249, de generación distribuida y del mercado de servicios complementarios, las distribuidoras no disponen de mecanismos plenamente operativos para contratar esa energía limpia en condiciones estables.
Luyo resume así el dilema. “El diseño de un mercado eléctrico eficiente debe permitir la participación de todas las tecnologías renovables en subastas y licitaciones”. Para ello propone, entre otros puntos, un mercado de servicios complementarios competitivo, un esquema de subastas que reconozca la potencia firme de la solar y la eólica y la entrada masiva de almacenamiento con baterías que ayude a gestionar los picos de generación.
Seguridad energética y clima, la misma pelea
Detrás de este debate técnico se esconde algo muy cotidiano. Si Perú sigue apostando sobre todo por el gas sin reponer reservas ni acelerar las renovables, en poco más de una década podría verse obligado a importar combustibles caros o a tirar de tecnologías más contaminantes para evitar apagones. Eso implicaría más CO₂ y, probablemente, una factura de la luz más volátil.
Si, en cambio, se desbloquean los reglamentos, se reconocen las capacidades reales de la solar y la eólica y se impulsa la generación distribuida y las microrredes, el país puede reducir su dependencia del gas de Camisea, mejorar su seguridad energética y cumplir con la presión internacional para descarbonizar su economía sin dejar a nadie atrás.
La decisión no es solo tecnológica, también política y regulatoria. El propio Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2024, que aporta las cifras oficiales sobre la autonomía del gas natural, ha sido publicado por el Ministerio de Energía y Minas. de Perú.
