Una iniciativa popular reúne casi 12.000 firmas para crear áreas de restauración ecológica con planes vinculantes, incentivos fiscales y prioridad en las ayudas públicas. Sus promotores quieren proteger el esfuerzo de recuperar la naturaleza.
Recuperar un monte quemado o devolver espacio al bosque autóctono frente a las especies invasoras puede exigir décadas de trabajo. Evitar que ese esfuerzo se pierda es el objetivo de las áreas de restauración ecológica que una iniciativa legislativa popular quiere incorporar a la legislación gallega. Sus promotores han reunido casi 12.000 firmas, por encima de las 10.000 exigidas para llevar la propuesta al Parlamento.
La iniciativa plantea proteger los ecosistemas degradados mientras recuperan su funcionamiento. Cada área tendría un plan de restauración vinculante, con objetivos, actuaciones, seguimiento y actividades permitidas, condicionadas o prohibidas. También contempla incentivos fiscales y prioridad para acceder a financiación pública.
Organizaciones ambientalistas y comunidades de montes defienden esta herramienta para dar continuidad a unas recuperaciones largas y costosas. La entrega de firmas está prevista para la próxima semana; después deberán validarse y el Parlamento decidirá si toma en consideración la propuesta. La recogida de apoyos abre el camino al debate, pero todavía no supone la aprobación de la ley.
Galicia impulsa áreas de restauración ecológica
Galicia aspira a ser la primera región del mundo en tener una figura legal específica para proteger los ecosistemas en restauración gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegará al Parlamento gallego tras culminar con éxito la fase de recogida de firmas.
La ley exigía reunir 10.000 firmas antes del 10 de noviembre, plazo que la comisión promotora de esta iniciativa, integrada por organizaciones ambientalistas y comunidades de montes, ha cumplido sin problemas.
La próxima semana entregarán casi 12.000 firmas en el Parlamento, con un «margen de seguridad» por si alguna se invalida, ha explicado Joám Evans, director de la Fundación Montescola, que coordina el proyecto.
La ILP de Áreas de Restauración Ecológica es pionera en todo el mundo: la legislación sobre espacios protegidos se centra en zonas bien conservadas o donde no hay problemas de degradación, pero no existe ninguna figura que proteja específicamente los ecosistemas degradados para impulsar su recuperación.
«No había un instrumento legal que proteja los procesos de restauración a pesar de que son más caros, más difíciles, más complejos y a más largo plazo que simplemente conservar algo que ya está en buen estado», señala Evans.
Un paso más allá de la ley europea
El reglamento europeo aprobado en 2024 establece el objetivo de restaurar al menos el 20 % de las áreas terrestres y marinas de la Unión Europea antes de 2030, pero no prevé ninguna figura como la de la iniciativa gallega.
«Existe una inseguridad jurídica enorme, porque con el reglamento esperamos que se destine más financiación a estos procesos de restauración, pero no hay ninguna garantía de que tras el esfuerzo y la inversión que se haga en un determinado territorio para restaurarlo, no se vaya a redegradar en cuestión de unos años por otra actividad, abandono o las circunstancias que sean», insiste Evans.
Por eso en Galicia aspiran a blindar por ley la protección de ecosistemas degradados por incendios forestales, especies invasoras, actividades humanas u otras razones.
Esas áreas contarían con un plan de restauración ecológica vinculante que debe incluir, entre otros aspectos, los objetivos y metas, las actuaciones a desarrollar, indicadores de seguimiento y evaluación y un régimen de usos y actividades permitidas, condicionadas o prohibidas.
También incluye incentivos fiscales y prioridad en el acceso a fondos públicos para la restauración, para dar impulso a esos procesos costosos y que en ocasiones pueden llevar mucho tiempo: un bosque autóctono invadido por la acacia puede tardar más de un siglo en recuperarse, según el director de Fundación Montescola.
Un debate en el Parlamento
Una vez validadas las firmas, la ILP se debatirá en el Parlamento gallego y los diputados votarán si la toman en consideración. Si se aprueba, seguirá la tramitación normal como cualquier proposición de ley.
Los promotores se han reunido con varios grupos parlamentarios y esperan terminar la ronda de contactos antes del debate de la iniciativa.
«Con los que sí nos hemos reunido han expresado su apoyo, han dicho que votarán a favor de la toma en consideración y nos han trasladado propuestas de mejoras», cuenta Evans, que asegura que están «totalmente abiertos a ese diálogo».
La propuesta ha despertado muchas expectativas dentro de la Alianza para la Restauración de la Naturaleza, una coalición a nivel estatal, y Evans cree que habrá interés en explorar figuras similares en otras comunidades, «no solo la idea de establecer una figura de protección específica, sino también herramientas de apoyo y de incentivo a los procesos de restauración«.
Además de Fundación Montescola, la propuesta cuenta con el respaldo de Adega, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción, Asociación Corripa, Asociación Galega de Custodia do Territorio, Asociación Senda Nova, Fundación Naiterra y Verdegaia, así como de varias comunidades de montes vecinales en mano común.
El horizonte europeo va más allá de 2030: el Reglamento de Restauración de la Naturaleza establece que las medidas deberán alcanzar en 2050 todos los ecosistemas que necesiten restauración. Dotarlo de un plan vinculante permitiría fijar qué debe recuperarse, comprobar los avances y regular las actividades que podrían echar a perder lo conseguido.
