Por ahora, no existen cifras sobre ambas tendencias -menos uso de agroquímicos ilegales y más uso de plaguicidas de bajo impacto ambiental-, pero es una realidad que reconocen todos los sectores implicados.
Salvador Ortega es ingeniero de Montes y especialista de la Unidad Central del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) en este tipo de delitos y ha visto un cambio radical del panorama agroquímico al que este cuerpo de la Guardia Civil ha contribuido notablemente y del que se siente especialmente orgullloso. «La tendencia es claramente positiva -explica este teniente del SEPRONA-. El área dónde el problema era más grave hasta hace relativamente poco (Almería y Murcia) ha mejorado mucho y, en el último año, se ha notado una drástica disminución en el consumo de este tipo de productos ilegales».
La «patrulla verde» de la Guardia Civil desarrolló dos campañas masivas contra estos delitos en 2006 y 2007. El primero de esos años, justo antes de la «crisis de los pimientos», se desarrollaron 290 actuaciones en toda España y, fundamentalmente, en el sureste peninsular, con dos detenidos, 22 imputados , 422 infracciones adminitrativas y 29 penales. En 2007 saltaron todas las alarmas por la presencia del famoso isofenfus en algunas partidas de pimiento almeriense exportadas a Alemania, Holanda y Reino Unido, lo que «cerró» esos mercados durante meses a la hortaliza española y provocó un gran daño a la imagen de la agricultura española entre los consumidores europeos, entre otras razones, porque sus competidores del norte aprovecharon el aparente descontrol español en el uso de plaguicidas para hacer campañas contra nuestros productos. En 2007, sin embargo, la Guardia Civil multiplicó sus esfuerzos contra estos delitos y realizó 3.428 inspecciones, a las que siguieron 5.144 denuncias adminstrativas y 39 penales, con ocho detenidos y 24 imputados. Ya en 2008, con un cambio de tendencia muy acusado, la campaña del SEPRONA se ha concentrado en la Comunidad de Andalucía y en los meses de octubre y noviembre, y el resultado han sido 615 inspecciones, con 501 infracciones adminsitrativas, 12 penales, 38.000 kilos de fitosantiarios intervenidos y 11 personas imputadas. Son cifras que indican que el problema sigue ahí en Andalucía, pero que se ha reducido en dos tercios respecto a la situación de los años anteriores.
No es sólo la disuasión del SEPRONA lo que ha cambiado las cosas. «Mas que nuestras operaciones -explica el teniente Ortega-, que han sido muy intensas, la ´crisis de los pimientos´ produjo tales pérdidas a los agricultores almerienses que esos o los de Murcia se han dado cuenta de que por ahí no podían seguir. Si, además, venía el SEPRONA o la Consejería de Agricultura, tomaba una muestra y veía algo raro, entonces, dejaban de vender y, encima, tenían que pagar una multa bastante considerable».
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, así como las diferentes consejerías autonómicas de Medio Ambiente y de Agricultura, siguiendo las directrices que marca Bruselas, están favoreciendo claramente y por primera vez el control biológico y el control integrado –que combina una parte de química con procesos naturales, como el extracto de algas, ciertos hongos o sustancias eficaces obtenidas por fermento del suelo- para luchar contra las plagas agrícolas. Y ambas alternativas están reduciendo considerablemente el uso de productos fitosanitarios. Incluso, en el «mar de plástico» almeriense -hasta hace poco, el mejor cliente en Europa de la industria agroquímica- se están imponiendo los sistemas anti-plaga mucho más benignos que los que eran costumbre. «Con las nuevas normativas de la Unión Europea -explica Alfonso Chamorro, ingeniero agrícola de una gran explotación de El Ejido (Almería)- han desaparecido el 70% de los productos que se vendían hasta ahora. Al haber mucho menos producto donde elegir, hay gente que opta por comprar un ´producto pirata´ e inyectarlo en la fase de producción, pero el que quiere hacer las cosas bien ha tenido que optar por la única opción que le queda prácticamente, que es el control biológico -más caro- o la lucha integrada, que combina química y sistemas naturales». «Ha sido una transformación completa en un año -reconoce el teniente Ortega-, ahora, lo que demandan los invernaderos del sureste es proteger las plantas con insectos predadores de la especie plaga, y no es exagerado decir que los agricultores bajo plástico de Almería son hoy unos entomólogos fabulosos».
El responsable del Laboratorio de Referencia Comunitario de frutas y hortalizas para Europa, Amadeo Rodríguez, explica además que las crecientes exigencias y controles a los agroquímicos convencionales los han encarecido considerablemente y ahora es mucho más atractivo alternativas como la lucha integrada o el control biológico.
La propia patronal de los plaguicidas –AEPLA- está colaborando activamente en la lucha contra el uso de sustancias ilegales, una actividad que perjudica enormemente la imagen de esta industria y la de sus clientes –los agricultores- dentro y fuera de España. La venta ilegal de pesticidas supone además una competencia desleal para la muy regulada industria europea de agroquímicos por parte de sus competidoras de China y otros países con legislaciones laxas y no cumplidas. «AEPLA -reconoce Salvador Ortega, el experto del SEPRONA en estos temas agroquímicos- son grandes colaboradores nuestros. A los fabricantes les intersea nuestro trabajo y colaboran con nosotros porque le quitamos una competencia ilegal». «Para nosotros -añade-, ellos son una fuente muy valiosa porque tienen personal distribuido por toda España y saben mucho más que nosotros de estos temas». AEPLA, Incluso, colabora en la formación del personal del SEPRONA y, en casi todos sus cursos de formación, participa alguna persona de esta Asociación Española para la Protección de las Plantas.
A finales de 2008, incluso, la asociación puso en marcha una campaña de comunicación contra el tráfico ilegal de fitosanitarios que incluye un teléfono de avisos (902 882081) al que se puede llamar de forma anónima para informar de posibles usos de sustancias ilegales o de redes y personas que puedan estar distribuyendo este tipo de mercancías. Las informaciones procedentes de esas llamadas se remiten directamente al SEPRONA y a las autoridades autonómicas para que realicen las pesquisas e inspecciones pertinentes y, según AEPLA, «erradicar el tráfico ilegal de productos fitosanitarios». Según Sergio Dedominici, vicepresidente de la entidad, la nueva campaña «refleja de forma positiva la recuperación de la imagen de los productos hortícolas españoles en el mundo, pero sigue lanzando el mensaje de que no hay que bajar la guardia y ofrece una nueva herramienta para luchar contra el tráfico ilegal a través de un servicio telefónico anónimo». El vicepresidente de AEPLA se muestra más que satisfecho «tras un año positivo en el que apenas ha habido problemas con el uso de estos productos ilegales y se ha producido una apuesta clara por la producción integrada».
«Cada vez son más los agricutores que utilizan productos fitosaniarios en el contexto de sistemas productivos más sostenibles -escribe en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, ´Ambienta´, el vicperesiende de la patronal química FEIQUE, Juan José Navas-, basados en la agricultura integrada u otros sistemas de producción certificados, en combinación con otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente».
La tendencia hacia una menor utilización de plaguicidas legales o ilegales es una gran noticia para los consumidores de los vegetales y para el medio ambiente, y es también, para muchos, uno de los pocos éxitos que se puede atribuir a la fusión en esta legislatura de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura. Un éxito con sordina, eso sí, porque tanto los resposables del MARM como los de las consejerías correspondientes, la industria agroquímica o el SEPRONA no quieren lanzar las campanas al vuelo y temen un repunte de esta actividad ilegal, ya que las redes de contrabando de pesticidas prohibidos o no autorizados –la mayoría, parten de China- siguen ahí, y las crecientes exigencias y restricciones de la Unión Europea respecto a fitosanitarios pueden desesperar a un buen número de agricultores en los próximos años y lanzarlos de nuevo hacia el camino de la ilegalidad.
Desde el SEPRONA, las diferentes consejerías autonómicas de Agricultura o la patronal de los pesticidas AEPLA no echan las campanas al vuelo. Entre otras razones, porque las crecientes garantías, restricciones y controles en el uso de plaguicidas pueden repuntar de nuevo el uso ilegal de químicos prohibidos o no autorizados en la Unión Europea por su peligrosidad para nuestra salud y la de quienes los aplican.
De hecho, desde 1993, el proceso de reevaluación de plaguicidas impuesto por Bruselas a la industria química y que exigía a ésta costosos estudios de seguridad o «no peligrosidad», han acabado con casi el 70% de los compuestos conocidos, en la mayoría de los casos, porque las Bayer, Elf, Solvay y compañía no han querido pagar esos estudios o no estaban seguros de que, aún haciéndolos, sirviesen posteriormente para aprobar el examen de Bruselas. Y, a comienzos de este año, el Parlamento Europeo aprobaba una lista de 22 sustancias plaguicidas que van a ser prohibidas en toda la Unión porque existe la posibilidad de que produzcan cáncer, sean mutagénicos o afecten a la reproducción. La lista no se ha dado a conocer, ya que todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, pero sí se sabe que en ella están una docena de los más usados en las huertas y campos de nuestro país. Y, como principio, en un plazo de tres años, aquéllos agroquímicos que contengan sustancias «peligrosas» tendrán que ser sustituidos por alternativas que ofrezcan seguridad.
La lista inicial de «sustancias malditas» de la Comisión Europea era mucho mayor y pretendía reducir en un 60% el actual consumo de fitosanitarios en la Unión, pero dado que, cada vez, sabemos más del efecto nada bueno sobre nuestra salud y el medio de los agrotóxicos, es probable que en los próximos años el endurecimiento en el uso de esta química vaya a más.
La Unió, sindicato agrícola valenciano, señala, por ejemplo que la «continua supresión de productos fitosanitarios podría activar un mercado negro de los mismos, con el consiguiente riesgo que ello conlleva». Y, en Andalucía, la principal huerta de nuestro país y dónde más pesticidas ilegales se usaban y se se siguen usando, parece que el problema, aunque a menor escala, parece haberse trasladado ahora desde Almería y Granada a Cádiz y Huelva.
Y tampoco en la zona este de Andalucía está erradicado este tipo de contrabando, como demuestra la operación llevada a cabo el pasado mes de diciembre en Granada por el SEPRONA en colaboración con técnicos de la Junta de Andalucía. La operación descubrió 10 establecimientos no autorizados para la venta de productos fitosanitarios en el poniente granadino e inmovilizó casi 30.000 kilos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, algunos legales y otros ilegales.
Rafael Carrasco – El Mundo de Wayne / ECOticias.com (Reservados todos los derechos)
