Países Bajos vulnera derechos humanos en Bonaire por el cambio climático, según ha dictaminado un tribunal neerlandés, que obliga al Estado a corregir su política climática y proteger de forma urgente a la población del Caribe.
La sentencia, emitida ayer, subraya que la ausencia de un plan de adaptación concreto y la diferencia en el trato comparado con la parte europea del país constituyen una discriminación injustificada hacia los ciudadanos de Bonaire y una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR), específicamente de los Artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de discriminación), además del Protocolo 12.
El tribunal ordenó al Estado neerlandés que, en un plazo de 18 meses, establezca objetivos vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para toda su economía y que legisle estos objetivos en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París.
Países Bajos vulnera derechos humanos en Bonaire por el cambio climático, según el tribunal
Un tribunal de La Haya obliga al Estado neerlandés a fijar objetivos climáticos vinculantes y proteger la isla antes de 2030.
La Justicia neerlandesa concluyó este miércoles que Países Bajos no ha hecho lo suficiente para proteger a sus ciudadanos en Bonaire, territorio caribeño, frente a los efectos del cambio climático y que los ha tratado injustificadamente de manera distinta a la población del territorio europeo del país, en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
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Una sentencia climática que sacude Europa
En respuesta a una demanda iniciada por ecologistas, un tribunal de distrito de La Haya ordenó al Estado incorporar en un plazo de 18 meses objetivos vinculantes en la legislación nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía.
Además, para el año 2030 debe aplicar un plan detallado para proteger la isla frente al aumento del nivel del mar, la degradación de los arrecifes de coral y otros impactos del cambio climático.
La Corte subrayó que las pequeñas islas caribeñas son especialmente vulnerables al cambio climático por su ubicación, escala y dependencia económica, y la falta de protección vulnera los artículos 8 y 14 del CEDH y el Protocolo 12, al no garantizar una protección efectiva de la vida privada y familiar y al incurrir en discriminación contra los residentes del Caribe neerlandés.
Países Bajos mantiene vínculos constitucionales con varios territorios caribeños, entre ellos Aruba, Bonaire y Curasao.
Bonaire, la isla olvidada frente al aumento del nivel del mar
Bonaire, la mayor isla del Caribe neerlandés, cuenta con unos 26.000 habitantes, y su zona sur, con salinas y manglares, es baja y vulnerable a inundaciones.
Una parte significativa de su población vive en situación de pobreza, con una economía dependiente en gran medida del turismo.
La sentencia enumera riesgos crecientes de inundaciones por tormentas tropicales y lluvias extremas, impactos en la salud pública por estrés térmico e inseguridad alimentaria, deterioro de ecosistemas clave -manglares, salinas y arrecifes de coral-, amenazas al patrimonio material e inmaterial y daños a infraestructuras situadas en zonas costeras.
Además, en materia de mitigación, el tribunal consideró que la normativa neerlandesa no cumple en puntos clave los estándares mínimos acordados en el marco de la ONU tras el Acuerdo de París.
Discriminación climática y Convenio Europeo de Derechos Humanos
Países Bajos mantiene vínculos constitucionales con varios territorios caribeños, entre ellos Aruba, Bonaire y Curasao.
Asimismo, señaló que los cálculos nacionales no incluyen todas las fuentes de emisión, como la aviación y el transporte marítimo, y que la probabilidad de alcanzar los objetivos de 2030 (una reducción del 55 % respecto a 1990) con las medidas actuales es de menos del 5 %.
Sobre la adaptación, la Justicia afirmó que el Estado no actuó a tiempo pese a que desde hace décadas se conoce la especial vulnerabilidad de Bonaire y lamentó un trato desigual, subrayando que las diferencias geográficas y climáticas no justifican medidas más tardías que para el territorio europeo, cuando la isla sufre los efectos climáticos antes y con mayor intensidad.
Esta victoria se suma a la lograda en 2019 por otro grupo activista contra el Estado neerlandés, con una sentencia histórica que obligó al Estado a reducir sus emisiones para finales de 2020 en un 25 % respecto a 1990.
Además, en julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó, en una opinión legal sin precedentes, que los tratados climáticos establecen «obligaciones vinculantes» para «adoptar medidas» contra el cambio climático y «garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos», y lo contrario sería un «acto ilícito» que podría dar lugar a una «reparación».
Organizaciones ecologistas han celebrado el fallo como una victoria histórica para la justicia climática, al reconocer que la falta de acción climática no solo afecta al medio ambiente, sino que también puede constituir una violación de derechos fundamentales. Seguir leyendo en CAMBIO CLIMÁTICO.
