Vendiendo humo
El procedimiento empleado era el de disolver las sociedades que debían de abonar el IVA correspondiente, antes de tener que enfrentar el pago efectivo de dicho impuesto. Como el el producto comercializado (los derechos de emisión de CO2) era intangible, la trama funcionaba mediante cinco redes informáticas, que realizaban las transacciones por Internet.
Las centrales eléctricas más grandes, las cementeras, las fábricas de azulejos y varias industrias similares cuentan con un cupo determinado de emisiones de CO2, considerado el principal gas del efecto invernadero.
El funcionamiento era sencillo: una empresa nacional le compraba mediante una organización que estuviese exenta del pago del IVA, una cantidad determinada de C02 a otra extranjera. Ese cupo de emisión se vendía a su vez, a una tercera empresa española.
Antes de que la intermediaria ingresase el IVA correspondiente, ésta se disolvía. El resultado era que la primera empresa figuraba como que sí había pagado sus impuestos, pero Hacienda jamás veía el dinero y el CO2 quedaba “blanqueado”.
Este tipo de fraudes que se suelen aplicar a productos electrónicos, se empleó en esta ocasión con el CO2 y se llegó a los extremos de hacer fraudes dobles, al solicitar la devolución del IVA, alegando la reventa de la mercancía en cuestión.
La fiscalía ha acusado a 20 personas (y está buscando a otras 24 que se presume actuaban como testaferros) de falsedad, delito fiscal y blanqueo de capitales. Según los primeros cálculos, la cantidad de millones de € defraudados a Hacienda, por los diferentes grupos que componían la trama, ascendería a unos 111.
Los acusados se defienden
Dos de las más importantes intermediarias en el comercio de CO2 se han visto involucrados en estas acusaciones: CM Capital Markets y Sendeco2. La primera alega que las manipulaciones de las que se le acusa, en realidad fueron obra de un antiguo empleado, al cual defienden explicando que, a juicio de la compañía, no hay evidencias que demuestren que fuese consciente de estar cometiendo un fraude.
En el segundo caso también habría sido “un ex empleado” el que generase una deuda al erario español de más de 18 millones de € y a los cargos antes mencionados, en este caso se le agrega el delito de asociación ilícita. La empresa dice estar indignada y ser absolutamente transparente en sus acciones.
Los directivos de Sendeco2 alegan que ellos no estaban en condiciones de hacer un control de todos los compradores y que incluso ellos mismos habían advertido a la omisión del Senado español competente, de la posibilidad de que existiera este tipo de fraude, si no se procedía a hacer los cambios pertinentes en la legislación.
