“El Ministerio de Energía de México empezó a subastar las joyas de la corona de sus reservas de petróleo, las extensiones de aguas profundas que podrían poner el petróleo y el gas en manos de las empresas privadas, después de 75 años de ser propiedad pública.”
Riesgos conocidos
Hace cinco años, las exploraciones de la empresa Deepwater Horizon familiarizaron al mundo de los riesgos de la perforación en aguas profundas y gracias a ello, en todas partes los gobiernos son cada vez más conscientes de los peligros de fracking hidráulico.
Pero en México las amenazas se ampliarán: la petrolera estatal Pemex ha trabajado durante mucho tiempo con escasa supervisión ambiental, un legado que probablemente seguirá adelante, cuando las operaciones pasen a manos del sector privado.
Las leyes mexicanas de medio ambiente y seguridad laboral han mejorado mucho en los últimos 30 años, pero no lo suficiente, ya que la falta de fondos para el monitoreo y la fiscalización ha frenado su influencia, especialmente en los lugares que más las necesitan, como el río Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, sede de la gran mayoría de la producción petroquímica de Pemex.
El desprecio ha protegido a una empresa que, después de todo era una rama del gobierno, ya que proporcionaba el 30 por ciento o más del presupuesto federal de México. Irónicamente, en la década de 1930, la destrucción ambiental producida por las multinacionales petroleras había constituido una de las bazas primordiales para que México las nacionalizara.
ASEA y sus limitaciones
En respuesta, se creó una nueva agencia para manejar los impactos ambientales y de seguridad de los trabajadores, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, conocida por su sigla ASEA. Pero, por bien intencionados que sean sus objetivos no ha contado con el apoyo necesario para ser efectiva.
Los miembros del personal de ASEA han buscado diligentemente asesoramiento de varios países y esperan que puedan mejorar el régimen ambiental preexistente de México. Pero con un personal limitado, tienen que depender en gran medida de la autovigilancia de las empresas.
De hecho, los inspectores de la agencia salen de la Ciudad de México sólo para verificar las operaciones de alto riesgo y las oficinas locales son las que acarrean con la ímproba tarea, de controlar algo que escapa a sus posibilidades reales, por falta de personal y presupuestos.
Pero lo que más preocupa en vista a las próximas subastas es el hecho de que ASEA carece de jurisdicción sobre la contaminación marina y las plantas petroquímicas, por lo que el terreno está preparado para que se produzcan todo tipo de desastres, de los que nos enteraremos cuando ya sea tarde.