La violencia contra los indígenas se dispara en Brasil. Los asesinatos aumentaron notablemente en Brasil durante el pasado año, registrando más de doscientas cincuenta víctimas mortales entre los pueblos originarios. Una investigación eclesiástica atribuye este repunte de la violencia a los crecientes conflictos sobre territorios ancestrales.

El documento denuncia cientos de invasiones ilegales y disputas en áreas que carecen de protección o delimitación oficial. Las comunidades locales sufren constantes ataques armados y todo tipo de actos de violencia, perpetrados por grupos privados que buscan expulsarlas de sus tierras originarias.

La gran mayoría de las reservas indígenas continúan sin reconocimiento legal por parte de las autoridades estatales. Esta preocupante lentitud administrativa favorece la expansión descontrolada de actividades económicas privadas sobre espacios protegidos y que tradicionalmente les pertenecen.

La violencia contra los indígenas se dispara en Brasil y la iglesia católica lo denuncia

Al menos 258 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2025, un número un 22,3 % superior al de 2024, en un año de aumento de la violencia contra los pueblos originarios, principalmente contra su derecho a la tierra, según un informe divulgado este jueves por una comisión de la Iglesia Católica.

El año pasado fueron registrados 210 casos de invasiones o de explotación ilegal de recursos de los territorios indígenas, que afectaron 151 reservas, según el informe ‘Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil en 2025’ del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una pastoral de la Iglesia Católica.

La violencia contra los indígenas se dispara en Brasil. El informe también contabiliza 169 casos de conflictos por disputas territoriales en 143 territorios indígenas, en su gran mayoría (66 %), en áreas que no han sido debidamente delimitadas por el Estado y en que las reservas no están homologadas.

Ese predominio refleja el contexto de morosidad en la regularización de las tierras indígenas, que permite el avance de proyectos de infraestructura y de explotación económica sin tener en cuenta la existencia de la presencia indígena en esas áreas, denunció el CIMI.

«En muchos casos, como entre los guaraníes y kaiowás en Mato Grosso do Sul, o entre los pataxís en Bahía, las acciones de comunidades indígenas para recuperar partes de su territorio, cuya demarcación está paralizada hace años, sufren la reacción violenta y desproporcionada de hacendados, que montan milicias armadas para atacar a los indígenas», asegura el informe.

Reivindicaciones que nadie escucha ni atiende

De acuerdo con los datos citados por el CIMI, de las 1.443 áreas consideradas como tierras indígenas en Brasil, tan solo 436 (30,2 %) están oficialmente delimitadas y registradas como reservas, 131 (9,3 %) están en proceso de legalización y 582 (40,3 %) son reivindicadas por pueblos originarios, pero sin que el Estado las reconozca.

«El aumento de los conflictos territoriales en 2025 refleja el escenario de ataques y pérdida de los derechos indígenas. El aumento de los conflictos y los asesinatos se produce en medio de la omisión jurídica y la presión política y económica contra las delimitaciones de tierras indígenas», asegura el Consejo.

La violencia contra los indígenas se dispara en Brasil. De acuerdo con el informe, además de 258 asesinatos, en 2025 también se registraron 38 casos de intento de asesinato de indígenas, 33 de lesiones corporales -en su mayoría en conflictos por la tierra- y 46 de racismo y discriminación.

Igualmente, se registraron 19 casos de abuso de poder, incluyendo el arresto arbitrario de un líder pataxó en Bahía en medio de un conflicto, 18 de amenaza de muerte, 27 de otro tipo de amenazas y 25 de violencia sexual, incluyendo 20 de niñas menores de 14 años.

Los ataques a las tierras son incentivados, según el informe, por las medidas legislativas y decisiones judiciales contrarias a los derechos constitucionales de los pueblos originarios.

Obstáculos para los negocios

El organismo cita específicamente la Ley del Marco Temporal, que impide que los indígenas reivindiquen tierras de las que fueron expulsados y que no ocupaban cuando se promulgó la actual Constitución (1988), legislación revocada provisionalmente por la Corte Suprema.

«Las múltiples facetas de la violencia contra los pueblos originarios son crueles y parecen incesantes, porque se repiten año tras año. Pero hay períodos en que se intensifican de forma aún más perversa, afectando especialmente a los más vulnerables por la omisión del Estado en las demarcaciones», afirmó el cardenal Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos y presidente del CIMI.

De acuerdo con el cardenal, la violencia contra los indígenas en Brasil es estructural porque obedece a intereses de grupos económicos para los cuales «la tierra es una mercancía y los indígenas obstáculos a ser removidos«.

La violencia contra los indígenas se dispara en Brasil. A los homicidios se suman graves delitos como amenazas, abusos de poder y agresiones sexuales contra menores vulnerables. Las organizaciones sociales advierten que los intereses financieros consideran a las poblaciones nativas simples obstáculos comerciales para sus negocios.