“La falsificación a gran escala de plaguicidas le cuesta muy cara a la economía de la UE cada año, según un nuevo estudio. Los menores volúmenes de ventas van de la mano, con la pérdida de miles de empleos en la industria. Además, las frutas, hortalizas y verduras rociadas pueden contener trazas de químicos altamente tóxicos.”
Perjuicios millonarios
El contrabando de plaguicidas falsificados y su venta en toda la Unión Europea, le cuesta al bloque de naciones unos 1.300 millones de euros anuales, según un estudio de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO). Y eso sucede justamente en la UE, donde la legislación que controla el uso y fabricación de pesticidas, está considerada la más restrictiva del mundo.
La encuesta demuestra de manera fehaciente que la venta de plaguicidas producidos ilegalmente ha causado la pérdida de 2.600 puestos de trabajo en los últimos años y que, los productores europeos han perdido alrededor del 14% de sus ingresos, debido a la falsificación.
El estudio indica que, entre los países miembros de la Unión Europea, Alemania es la nación que registra la mayor pérdida anual por este concepto, estimada en unos 300 millones de euros, seguida por Francia e Italia.
Un gran negocio
En 2014, la producción de plaguicidas de la UE ascendió a 12.000 millones de euros. Las exportaciones netas a terceros países fueron de 3.000 millones de euros, dejando 9.000 millones, para el consumo en el mercado interior, según la EUIPO.
En el mismo año, había alrededor de 25.300 personas empleadas en la industria manufacturera de pesticidas, en toda la UE. El mayor productor del bloque es Alemania (4 mil millones de euros), seguida por Francia. Las dos naciones son también los principales exportadores con una balanza comercial de 1.700 millones de euros en el caso de Alemania y 1.700 millones de euros para el de Francia.
¿Ahorro y competencia?
En España se da la circunstancia de que resulta muy difícil valorar, cuál es la magnitud real del “mercado negro” de estos productos. Desde varias fuentes, como es la AEPLA (la patronal de fabricantes de pesticidas) o las fuerzas del Estado, se estima que al menos un 10% de los productos que se emplean en todo el país, son de origen ilegal.
En base a esta estimación, las pérdidas podrían haber sobrepasado los cien millones de € solo en el año 2016 y se cree que para el año en curso podría haber un aumento en dichas cifras, dado que muchos agricultores recurren cada vez más a este tipo de productos, para ahorrase un dinero y competir como pueden, en el mercado, sin tomar en cuenta el daño medioambiental que ocasionan.
El problema más grave para el consumidor, es que como no existen controles reales de qué es lo que llega al mercado, se acaba por consumir frutas, verduras y hortalizas que han sido pulverizadas quien sabe con qué sustancias, que, si se emplean para matar insectos, hongos u otras plagas, no solo son tóxicas, sino que pueden resultar altamente nocivas para la salud.
Muchos grupos ambientalistas exigen que se prohíban de una vez los plaguicidas y que toda la producción de alimentos sea ecológica, pero ante la magnitud del negocio, algunos reconocen, que por ahora es una utopía.
