Fuerteventura, exigen a los cargos públicos la paralización de la ‘Ciudad Cinematográfica’

Esta pandemia debía haber enseñado que el territorio y la naturaleza deben ser respetadas para no continuar creando nuevas enfermedades. No se puede seguir dejando machacar en Fuerteventura el suelo rústico y natural.

La Unión Europea ha lanzado una línea de inversiones para la renaturalización de espacios pero, en esta isla, las inversiones públicas parecen no cambiar de mentalidad y siguen queriendo apostar por el desarrollismo a la antigua usanza, según denuncia el presidente de AGONANE, Juan Cabrera Alemán.

AGONANE Ben Magec – Ecologistas en Acción alerta sobre un nuevo proyecto empresarial que pretenden desarrollar sobre el suelo rústico majorero. Se trata de una ‘Ciudad Cinematográfica’ que ocuparía unos 160.000 m2, dentro de la finca rústica “Merced de Miguel Aljibes” en la dehesa de Huriamen; en los alrededores de Los Risquetes y del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

Para ello, los promotores pretende recurrir a la figura administrativa de la “declaración de interés insular” por parte del Cabildo de Fuerteventura. Esta declaración pretende aprobarse en el pleno de este viernes, y viene a significar una reducción de los requisitos legales actualmente existentes.

Lo que ocurre con la denominada ‘Ciudad Cinematográfica de Fuerteventura’ no es un hecho aislado. Durante los últimos meses estamos asistiendo a una sucesión de proyectos que pretenden recurrir a atajos legales para instalarse en suelo rústico: parques eólicos de multinacionales en Villaverde, El Time, La Asomada y Guerepe; grandes plantas fotovoltaicas en Huriamen o Puerto del Rosario y Tuineje; un camping en zona ZEPA en el Cotillo… y ahora una ‘Ciudad Cinematográfica’.

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Sin entrar en valorar la viabilidad económica de esta ‘Ciudad Cinematográfica’, sí consideramos que el suelo rústico debe ser cuidado, e incluso mejorado. No buscar atajos legales para dedicarlo a fines industriales. Para este tipo de actividades ya hay suelo urbano suficiente o polígonos industriales con áreas libres. El Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos majoreros tienen la obligación de parar esta dinámica de ocupación del suelo rústico, y reorientar las iniciativas hacia suelo industrial o urbano si son positivas.

La administración pública está para defender el bien común. No para gestionar privilegios legales para proyectos privados a costa de los valores rústicos y naturales de Fuerteventura. Proyectos de este tipo deben plantearse en suelo urbano y en lugares como el parque tecnológico, creado para este tipo de iniciativas. Para algo tiene que servir las enseñanzas de esta pandemia.

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