Tras más de dos décadas de litigios, presiones judiciales y movilización ecologista, el paraje de El Algarrobico queda oficialmente protegido. El Ayuntamiento de Carboneras cumple in extremis con el Supremo, mientras el futuro del hotel sigue en el aire.
El hotel de El Algarrobico, construido a escasos metros del mar dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se convirtió desde sus inicios en símbolo del choque entre desarrollo urbanístico y protección del medio ambiente.
A pesar de que diversas resoluciones judiciales confirmaron que el terreno debía considerarse no urbanizable por su valor ambiental, durante años el planeamiento municipal mantuvo la calificación que amparaba la construcción, prolongando el conflicto.
El hotel de El Algarrobico se convirtió desde sus inicios en símbolo del choque entre desarrollo urbanístico y protección del medio ambiente.
El Algarrobico queda protegido tras una batalla legal de más de 20 años
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha publicado este lunes la normativa urbanística íntegra que clasifica el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, un documento de 113 páginas con el que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), cumple el ultimátum judicial y se libra de las multas coercitivas personales que le amenazaban.
La publicación, recogida en el boletín provincial bajo el anuncio 003726-25, formaliza definitivamente la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar las Normas Subsidiarias municipales a la sentencia del Tribunal Supremo de 2018.
Esta inserción legal era el último requisito exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dar por ejecutada la parte urbanística del fallo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo había dado de plazo hasta el próximo 19 de enero para que el texto apareciera en el boletín, advirtiendo al regidor de que, si no lo hacía, le impondría sanciones de 1.000 euros de su propio bolsillo cada veinte días y deduciría testimonio a la Fiscalía por desobediencia.
El documento publicado hoy ocupa una extensión inusual en este tipo de trámites: un total de 113 páginas —desde la 5 hasta la 118 del boletín— en las que se detalla pormenorizadamente toda la normativa que rige ahora sobre los sectores ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar).
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El cumplimiento de esta orden judicial se produce solo 24 horas después de que el Ayuntamiento no cumpliese a tiempo el otro gran frente administrativo que tiene abierto: la revisión de oficio de la licencia de obras.
El Ayuntamiento evita sanciones, pero la licencia del hotel vuelve a bloquearse
Con este paso, el Ayuntamiento corrige la maniobra realizada el pasado mes de septiembre, cuando intentó solventar el trámite publicando un mero anuncio con un enlace web, algo que los magistrados rechazaron de plano por no ajustarse a la legalidad. En esta ocasión, el BOP recoge el articulado completo, blindando jurídicamente la imposibilidad de construir en la zona donde se levanta el polémico hotel de Azata del Sol.
El cumplimiento de esta orden judicial se produce solo 24 horas después de que el Ayuntamiento no cumpliese a tiempo el otro gran frente administrativo que tiene abierto: la revisión de oficio de la licencia de obras.
Tal y como denunció ayer Greenpeace y confirmó el letrado de la organización, José Ignacio Domínguez, el expediente para anular el permiso de construcción caducó este domingo 11 de enero al cumplirse los seis meses sin resolución, debido a que el Consistorio envió la documentación incompleta al Consejo Consultivo.
Así, mientras el alcalde ha logrado salvar su responsabilidad penal y patrimonial en lo referente al PGOU con la publicación de hoy, se enfrenta ahora a la petición de los ecologistas para que el TSJA le obligue a reiniciar desde cero el expediente de la licencia, prolongando aún más la maraña administrativa que envuelve al hotel veinte años después de su paralización.
El caso de El Algarrobico deja una lección clara sobre las consecuencias de ignorar la planificación ambiental y retrasar el cumplimiento de la legalidad. La decisión de Carboneras marca un punto de inflexión, pero también recuerda la necesidad de reforzar la prevención para evitar que conflictos similares se repitan en el futuro. Seguir leyendo en MEDIO AMBIENTE
