La mina de litio de Barroso ha cruzado una línea roja jurídica en Europa. Comunidades portuguesas y organizaciones ambientales han llevado a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por avalar el proyecto como “estratégico” pese a graves riesgos para el agua, la biodiversidad y la salud humana.
El caso amenaza con sentar un precedente clave. Si la mina de litio de Barroso se mantiene, Bruselas podría legitimar megaproyectos extractivos sacrificando territorios rurales en nombre de la transición energética.
Mina de litio de Barroso: el conflicto que enfrenta transición verde y derechos
Comunidades locales y ONG denuncian ante el TJUE que la Comisión Europea ignoró riesgos ambientales, sociales y legales al declarar estratégica la mina de litio de Barroso.
Grupos de la sociedad civil argumentan que la Comisión no evaluó la sostenibilidad del proyecto antes de etiquetarlo como estratégico. Citan lagunas en los análisis de impacto ambiental, incluyendo riesgos para las especies protegidas y la seguridad del almacenamiento de residuos mineros.
En su respuesta, la Comisión afirmó que cuestiones como la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la seguridad de los residuos son responsabilidad nacional. Sostuvo que su función se limita a identificar errores manifiestos en las solicitudes de proyectos.
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Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE
Organizaciones medioambientales y grupos comunitarios han interpuesto una demanda contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a su decisión de conceder el estatus de “proyecto estratégico” a la mina de litio portuguesa Mina do Barroso.
Las organizaciones advierten de que el enfoque de la Comisión sienta un precedente peligroso para la protección ambiental, la participación pública y el Estado de derecho en la UE.
La Asociación Unidos en Defensa de Covas do Barroso (UDCB) y ClientEarth presentaron hoy la demanda, después de que la Comisión se negara a reconsiderar su decisión en virtud del Reglamento de Materias Primas Críticas, a pesar de pruebas detalladas que demuestran que el proyecto presenta graves riesgos ambientales, sociales y de seguridad.
Riesgos ambientales ignorados en nombre del litio
Las organizaciones sostienen que la Comisión no cumplió con su obligación de evaluar la sostenibilidad del proyecto al clasificarlo como “estratégico”.
En particular, la Comisión ignoró lagunas evidentes en la evaluación de los impactos ambientales, incluidos los impactos sobre especies protegidas y la seguridad de la infraestructura prevista para el almacenamiento de residuos mineros.
Las entidades consideran que esto contradice tanto el derecho ambiental de la UE como el compromiso asumido por la propia Comisión de obtener las materias primas que necesita mediante prácticas mineras sostenibles.
Comunidades rurales frente al extractivismo estratégico
En su respuesta, la Comisión afirmó que preocupaciones fundamentales (como la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la seguridad de los residuos) son responsabilidad nacional. Según la Comisión, su papel al validar el proyecto como sostenible en el ámbito de la UE, se limita a identificar errores manifiestos en las solicitudes de los proyectos.
La Comisión declaró que solo rechazaría el estatus estratégico “si fuera manifiestamente claro que el proyecto no se implementaría de forma sostenible”. Las entidades demandantes argumentan que este enfoque ignora requisitos destinados a proteger la naturaleza y la salud humana, marginando a las comunidades afectadas.
Al llevar el caso ante el TJUE, la coalición solicita que se anule la decisión de la Comisión y que se aclaren sus obligaciones en virtud del Reglamento de Materias Primas Críticas, garantizando que los proyectos que valida utilicen prácticas mineras sostenibles.
Mina de litio de Barroso: declaración de los grupos
“Vamos a los tribunales porque la decisión de la Comisión socava principios jurídicos fundamentales de la UE. Clasificar un proyecto como ‘estratégico’ y de interés público, mientras se hace la vista gorda ante riesgos bien documentados para el agua, los ecosistemas, la salud humana y los medios de vida locales, es simplemente inaceptable.
La transición energética debe basarse en el derecho, la ciencia y la justicia, no en atajos políticos que convierten regiones rurales en zonas de sacrificio.”
Las comunidades locales de Covas do Barroso continúan oponiéndose al proyecto, advirtiendo que amenaza sus tierras, los recursos hídricos y los modos de vida tradicionales en una región reconocida por su valor cultural y ambiental.
Las organizaciones medioambientales han añadido
“Garantizar el acceso a materias primas críticas no puede hacerse a costa de la protección ambiental, la participación pública o los derechos de las comunidades. Sin embargo, las alternativas, incluida la reducción de la demanda y la inversión en el reciclaje, siguen siendo ignoradas.”
La coalición ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solicita la anulación de la decisión y la aclaración de las funciones de la Comisión en virtud del Reglamento sobre Materias Primas Críticas.
Las comunidades locales de Covas do Barroso siguen oponiéndose al proyecto. Advirtiendo de las amenazas a la tierra, el agua y los medios de vida tradicionales. Las organizaciones insisten en que el acceso a las materias primas no debe invalidar las salvaguardias ambientales ni la participación pública. Seguir leyendo en MEDIO AMBIENTE
